La ONU acusa a Ankara de «graves violaciones» de los derechos humanos en la región kurda

Un informe publicado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos acusa a Turquía y a sus fuerzas de seguridad de cometer «serias violaciones» en las provincias que poseen una población mayoritariamente kurda.

En concreto, el documento recoge pruebas de «destrucción masiva, asesinatos y otras numerosas violaciones de los derechos humanos cometidas desde julio de 2015 a diciembre de 2016 en el sudeste de Turquía».

En aquel verano de 2015 se rompió la tregua que durante casi dos años mantuvieron el Gobierno turco y las milicias armadas del PKK (Partido de los Trabajadores del Kurdistán), una organización que tanto el país eurasiático como la Unión Europea y los Estados Unidos catalogan como terrorista.

Al menos 2.585 personas han muerto desde entonces, según los datos ofrecidos por la ONG International Crisis Group, que monitoriza el conflicto.

De estas, 886 pertenecían a las fuerzas de seguridad del Gobierno, 1.095 a militantes vinculados al PKK, 385 eran civiles y 219 eran jóvenes de entre 16 y 35 años de los que no se ha podido determinar si pertenecían o no al grupo armado.

El actual informe de la ONU señala que «las operaciones de seguridad del Gobierno» han afectado a más de 30 poblaciones y han supuesto el desplazamiento forzoso de entre 350.000 y medio millón de personas. Asimismo, las imágenes de satélite recogidas por los investigadores de las zonas donde se concentran los enfrentamientos «indican una escala de destrucción enorme de las viviendas provocada por armamento pesado», de acuerdo con las propias palabras del informe.

El responsable del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, ha señalado directamente al Gobierno turco y al presidente Recep Tayyip Erdogan al asegurar que «está particularmente preocupado por los informes que señalan que no se ha llevado a cabo ninguna investigación creíble sobre los cientos de presuntos asesinatos ilegales».

A pesar de que el relato de la ONU solo abarca hasta diciembre de 2016, la violencia continúa durante este año. El Ejecutivo continúa dictando toques de queda militares sobre diversas poblaciones. Esta es la estrategia que las autoridades emplean para «limpiar de terroristas» la zona. Uno de los últimos casos que más denuncias ha generado ha sido en la localidad de Kuruköy, en la provincia de Mardin, donde el prokurdo HDP (Partido Democrático de los Pueblos) advirtió que sus habitantes podrían haber sido sujetos a «trato inhumano».

No obstante, sobre el otro bando también continúan las acusaciones. Hace apenas dos días, en la provincia de Hakkari, un líder local del gobernante e islamista AKP (Partido de la Justicia y el Desarrollo) sufrió un ataque armado mientras se encontraba junto a su hermano, que perdió la vida. Desde el primer momento todos los dedos apuntaron al PKK como autor del asesinato.

La guerra entre el PKK y el Estado turco comenzó en 1984, una guerra que ya se ha supuesto la muerte de más de 40.000 personas.