Ciudadanos y PP delimitan los criterios de la corrupción política

Hoy, regeneración democrática sobre la mesa. Tras el acuerdo inicial para que se aparatara a los parlamentarios investigados por corrupción, llegó la hora de los matices. La corrupcion politica, según Ciudadanos, se da cuando un político con decisiones o actos suyos obtiene un enriquecimiento ilícito para si mismo, para terceras personas o para financiar irregularmente su partido. Ni Chaves ni Griñán entran en ese saco, dicen los jueces, pero hace un año Ciudadanos les obligó a dimitir a cambio de su apoyo a Susana Díaz en la Junta de Andalucía. Desde el partido de Albert Rivera responden que se marcharon porque hubo un enriquecimiento ilícito de personas gracias a sus actuaciones o a su déficit de vigilancia según su cargo. Y ahí es donde Rodríguez Ibarra, histórico del PSOE, acusa a Ciudadanos de usar otra vara de medir. Asegura que están buscando una forma de blanquear a Rajoy. Lo que sube Ciudadanos es el alcance territorial del acuerdo. Quiere que afecte también a concejales y diputados autonómicos. El Partido Popular dice que hay que analizar caso por caso, porque no se puede inhabilitar a cualquier politico porque el partido contrario ha decidido acudir a la justicia por criterios exclusicamente politicos. Como su diputado Oscar Clavell, con un pie en el banquillo, respaldado por el PP.