La Xunta asegura que los fármacos contra la hepatitis C se entregaron «conforme a criterios clínicos»

El conselleiro de Sanidade ha negado, en relación con la investigación abierta contra dos altos cargos del Sergas por un presunto retraso en la entrega de fármacos contra la Hepatitis C, que se hayan usado criterios presupuestarios para gestionar estos tratamientos en Galicia. Según Jesús Vázquez Almuíña ha indicado nada más conocerse el caso abierto por un presunto delito por prevaricación administrativa, «Galicia es una de las autonomías que desde el primer momento puso en marcha un proceso para atender a los pacientes de Hepatitis C y en todo momento la consellería y las personas que trabajan en ella han trabajado con criterios claros para que no haya exclusión entre pacientes».

Estas declaraciones salen al paso de la decisión del Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago que ha citado a declarar en calidad de investigados a dos altos cargos del Servizo Galego de Saúde (Sergas) por un supuesto delito de prevaricación administrativa en relación con el retraso del suministro de fármacos a pacientes afectados de hepatitis C, algunos de los cuales habrían fallecido sin recibirlos.

Fuentes conocedoras de la decisión judicial han ratificado a Europa Press que el juez Andrés Lago Louro, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago, ha citado a declarar para el 28 de abril al actual gerente del área sanitaria viguesa, Félix Rubial, entonces director de Asistencia Sanitaria y a la subdirectora de Farmacia, Carolina González-Criado.

El juez ha decidido por el momento abrir diligencias por el delito de prevaricación administrativa, aunque, según adelanta «eldiario.es» y han asegurado las fuentes consultadas por Europa Press, la Fiscalía les atribuía también un supuesto delito de «homicidio por imprudencia profesional grave» al retrasar la administración de los fármacos «por razones presupuestarias».

Denuncia de marzo de 2015

En Galicia, la Plataforma gallega de Afectados por la Hepatitis C ha demandado «responsabilidades políticas y penales» al Gobierno gallego, con especial intensidad a Rocío Mosquera, quien estaba al frente del departamento de Sanidade en el punto álgido del conflicto y a quien ha relevado al frente de la Consellería Jesús Vázquez Almuiña.

De hecho, el caso parte de una denuncia presentada en marzo de 2015 por el colectivo Batas Blancas ante la Fiscalía, en la que se vinculaba la muerte de varios pacientes con hepatitis C con tratamiento reconocido a las «trabas burocráticas» impuestas por el Sergas para acceder a la medicación, hasta que se aprobó el plan estratégico estatal y se autorizaron los nuevos tratamientos.

Tras recibir esta denuncia, la Fiscalía inició un proceso de investigación y practicó varias diligencias hasta que, el pasado 29 de diciembre, decidió formular una denuncia ante los juzgados de Santiago por este caso. Una vez analizada la documentación, el juzgado ha decidido abrir diligencias y citar a los dos altos cargos del Sergas.

Reacciones desde el Parlamento

La oposición en el Parlamento no ha tardado en atacar a la Xunta. Los grupos de BNG y AGE se han apresurado este lunes en pedir la dimisión del líder del Ejecutivo gallego. El portavoz nacionalista, Francisco Jorquera, entiende que «Núñez Feijóo en vez de presumir de ser el campeón de cumplimiento del déficit debería priorizar atender las necesidades sociales y no dejar a gente gravemente enferma en la indefensión total».

Por su parte, su homólogo en el PP, Pedro Puy, se remitió a las explicaciones dadas por el titular de la cartera sanitaria, y recordó que Galicia empezó a dar el tratamiento antes de que entrase en vigor el Plan a nivel nacional, además de celebrar el «buen resultado» que está dando desde que se empezó a administrar el fármaco. Del mismo modo, también ha querido subrayar que laXunta ya consignó en 2015 los fondos necesarios para atender todas las peticiones de Sovaldi.