Autopista AP-9 a su paso por Ferrol
Autopista AP-9 a su paso por Ferrol - MUÑIZ

Fomento vuelve a vetar el traspaso de la AP-9 alegando motivos económicos

El Gobierno central sostiene que generaría un «aumento de créditos presupuestarios». La Xunta asegura que mantendrá su reivindicación

Santiago Actualizado: Guardar
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El Gobierno central vuelve a vetar el traspaso de la Autopista del Atlántico por segunda vez en apenas un año. De nada sirvió el consenso alcanzado entre todos los grupos del Parlamento gallego para elaborar una nueva solicitud que sortease los reparos que el Congreso de los Diputados puso hace ocho meses para admitirla a trámite. Un informe del Ministerio de Fomento vuelve a dar carpetazo a la petición unánime de la Cámara Autonómica alegando que la aprobación de esta medida «generaría un aumento de los créditos presupuestarios» a las arcas del Estado que cifran en un mínimo de 554 millones de euros, pero que podrían alcanzar, según las cuentas del departamento que dirige el ministro Íñigo de la Serna, la cantidad de 4.500 millones de euros.

Para llegar a estas cifras, el informe elaborado por el Ministerio incorpora una serie de proyecciones económicas que servirían para cuantificar el impacto que la transferencia tendría en los Presupuestos Generales del Estado. Por una parte, cifran el rescate de la titularidad en más de 4.000 millones de euros, teniendo en cuenta que la empresa concesionaria (Audasa) tuvo unos ingresos derivados de los peajes de 138,6 euros solo el año pasado y la vigencia de la concesión se prolonga hasta 2048. Además, el documento apunta que, tras el cambio de titular, sería el Gobierno central el que tendría que seguir haciéndose cargo de las reducciones y bonificaciones de peaje pactadas en virtud de sendos convenios firmados en 2013 y 2016, respectivamente, y que cifran en 120 y 210 millones de euros; como también tendría que asumir las obras en marcha en la infraestructura, que representan una inversión de 224 millones de euros.

Tras conocer esta noticia, el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, aseguró que el Gobierno gallego seguirá manteniendo su postura de reclamar la titularidad de la AP-9 para Galicia por entender que sería «beneficiosa para el funcionamiento del servicio». No obstante, Rueda reconoció que el Ejecutivo autonómico tiene que estudiar pormenorizadamente el informe presentado por Fomento en la Cámara Baja para determinar los «canales adecuados» para realizar esta petición tras el nuevo veto del Gobierno central.

Críticas de la oposición

Más críticos se mostraron los grupos de la oposición, que tacharon la decisión de Fomento de «burla» y se apresuraron a señalar al presidente de la Xunta como el responsable de que la Cámara Baja no admitiese a trámite la propuesta unánime de la Cámara autonómica. Es el caso del portavoz parlamentario del PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, que acusó a Alberto Núñez Feijóo de estar detrás de «esta burda maniobra». Según el socialista, si Feijóo quiere «recuperar una mínima credibilidad», debería «conseguir» que los votos del PP en la Mesa del Congreso faciliten la tramitación de esta propuesta.

Para la diputada de En Marea en el Congreso, Alexandra Fernández, el informe del departamento que dirige Íñigo de la Serna se limita a recoger argumentos «completamente peregrinos y falsos» con el objetivo de imposibilitar la tramitación de esta propuesta. Según Fernández, el Ministerio se refiere en su escrito al «rescate» de la infraestructura cuando el segundo texto elaborado por el conjunto de los grupos eliminaba este tipo de referencias y recogía únicamente la petición de «transferencia». «Parece que usan más el criterio del copia y pega que tener criterios rigurosos», zanjó la parlamentaria rupturista.

Por su parte, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón optó por cargar contra el ministro de Fomento. «Está comprando todos los boletos para ser declarado persona non grata en Galicia», señaló la nacionalista. A juicio de Pontón, este nuevo veto a la trasferencia de la Autopista del Atlántico es un «nuevo agravio» que el Bloque entiende como una «muestra del desprecio con el que se trata a Galicia desde Madrid», así como un nuevo ejemplo de lo que calificaron como la «irrelevancia política» de Feijóo en Madrid.

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