Feijóo logra que la sanidad compute en el nuevo modelo de financiación

El presidente de la Xunta se va «tranquilo» de la Conferencia de Presidentes: «La sanidad va a tener el peso que el corresponde (en el sistema de financiación autonómica)». Alberto Núñez Feijóo posicionó ante el Gobierno central y el resto de jefes de ejecutivos autonómicos –con la salvedad de Íñigo Urkullu y Carles Puigdemont– la agenda que la delegación gallega había previsto. El envejecimiento de la población, la dispersión demográfica y el coste de los servicios sociales fueron considerados «asuntos de primer nivel» por el presidente de Gobierno, Mariano Rajoy; tres temas que la Xunta había colocado en el centro de sus lista de reclamaciones.

En opinión del presidente gallego, el pacto alcanzado ayer posibilitará que las autonomías puedan invertir diez puntos más de sus presupuestos en la sanidad.

Pasarán del 40% «al 50% en los próximos años». Es la clave de bóveda que articulará el futuro esquema de reparto de los fondos de la caja única del Estado. «Todos los presidentes autonómicos hemos hablado de ello, si no acertamos en el análisis y en la distribución del gasto, estaremos haciendo un mal sistema», expresó Núñez Feijóo en la rueda de prensa posterior al primer gran evento político de 2017, en el que se lograron en total doce puntos de acuerdo. En el texto aprobado, se expresa el compromiso de actualizar el «coste, evolución y reflejo» que tiene el gasto sanitario en el actual modelo.

Hablar de los sistemas regionales de bienestar es hablar de la salud financiera del Estado de las autonomías. Galicia considera que tres requisitos deben estar encima de la mesa para encarar, desde hoy, las negociaciones de los distintos comités de expertos. Así lo trasladó a la mesa dispuesta en el Senado, según comunicó el titular del Gobierno gallego. El primero es el coste efectivo de los servicios: «Es fundamental desde el punto de vista de la equidad y de la racionalidad». La multilateralidad es otro, ya que «el dinero de todos se reparte entre todos». Y por último, la estabilidad, un requisito para establecer un acuerdo «con vocación de permanencia» que esté a salvo de los cambios de opinión del soberanismo.

Dentro de la valoración «claramente positiva» que Feijóo hizo del encuentro, sus propuestas encontraron acomodo en las de otros presidentes, especialmente los de la franja noroeste del país. Asturias, Castilla León, Cantabria o Extremadura también son conscientes de que la crisis demográfica que padecen –y comparten– tienen mucho que ver con el coste de las prestaciones sociales. Solo en Galicia se encuentra el 14% del total de centros de atención primaria del Estado, con el 6% de la población total. Todas convergen en la «gran tarea» de diseñar un plan estratégico para paliar el envejecimiento en España.

A partir de ahora, a los grupos de trabajo les queda la misión de aunar en un único modelo los acuerdos de mínimos alcanzados por los presidentes. A propuesta de la Moncloa, las pensiones se sumarán a los temas que se abordarán en piezas separadas.

Horizonte de un año

Feijóo avanzó que el 2017 es el horizonte para que el nuevo sistema de financiación autonómico comience a operar. «Es un plazo muy ambicioso», aseguró. Para la misma fecha se espera la aprobación de la hoja de ruta común contra el despoblamiento.

El texto final de doce puntos reservó, por lo demás, otras resoluciones que entran de lleno en los planes futuros de la Xunta. Por ejemplo, la unanimidad para mejorar las tasas de reposición de los empleados públicos incide directamente en la convocatoria de 3.000 plazas que el conselleiro de Facenda anunció en el Parlamento. La implantación de una tarjeta única social para todas las comunidades –integrada con la cartilla sanitaria– o el desarrollo de una tabla fiscal armonizada fueron otros. Galicia se ha sumado al frente común con otras comunidades para protestar contra las prácticas de «dumping» fiscal. Madrid o las islas Baleares se muestran reacias a este debate.

El tirón de orejas que Rajoy dio a las autonomías por haber dejado escapar unos 20.000 millones en recaudación de impuestos será otro apunte a pulir. Durante los próximos doce meses, la Xunta impulsará un plan de lucha contra el fraude para que afloren 20 millones de euros para las arcas públicas.

A los ausentes

La gallega fue la única nacionalidad histórica presente en Madrid. Sentado al lado del presidente del Gobierno, Feijóo fue explícito a la hora de reclamar que Cataluña no retrase la aprobación de la financiación territorial, concediendo a la Generalitat «un poder de veto» del que carecen las otras administraciones leales al marco constitucional. «Todos tenemos el deber de gestionar España, con sus peculiaridades».

A pesar de su ausencia, Puigdemont y Urkullu sí estuvieron presentes en la mayoría de intervenciones que se sucedieron ayer. «En relación con los presidentes que no han querido venir, en esta Conferencia de Presidentes hemos estado todos los que queremos escuchar y los que hemos querido ser escuchados. Es una decisión voluntaria de los dos presidentes que no han querido que les escuchemos, es una decisión suya», zanjó el presidente de la Xunta.