González-Criado y Félix Rubial (atrás, derecha) a su llegada al juzgado
González-Criado y Félix Rubial (atrás, derecha) a su llegada al juzgado - MUÑIZ

Los altos cargos del Sergas defienden su actuación con nuevos documentos

Fiscal y acusación revisarán la grabación de las declaraciones de los dos investigados

Santiago Actualizado: Guardar
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Los dos altos cargos del Sergas investigados por presunta prevaricación administrativa en la entrega de los fármacos de nueva generación para tratar la hepatitis C declararon ayer durante más de cuatro horas en los juzgados de Santiago. En dos turnos, el presidente de la comisión encargada de autorizar la dispensación del Sovaldi y la vicepresidenta de la misma, Félix Rubial y Carolina González-Criado respectivamente, respondieron a la preguntas que el instructor del caso, la fiscal y el abogado de la acusación particular les formularon. Aunque el contenido de sus declaraciones no ha trascendido sí se sabe que los investigados expusieron ante el juez abundante documentación que, en palabras de la defensa, «acredita la total, correcta, diligente y plena gestión de la subcomisión de la Hepatitis C».

El representante legal de los dos investigados, Manuel Pillado, también puso de relieve «el pleno ánimo de colaboración» de sus defendidos, que evitaron ofrecer declaraciones a los medios.

Análisis de las grabaciones

A su salida de los juzgados, el letrado de la Plataforma de Afectados por la Hepatitis C apuntó que las respuestas de los investigados —que fueron grabadas para poder revisarlas— serán estudiadas al detalle. «Han dejado lagunas, no han sido satisfactorias, pero tendremos que analizar la grabación y hasta que no lo hagamos no habrá nada que comentar. Sería un adelanto absurdo e impropio», afirmó el abogado Arximiro Soriño. También a su salida del edificio judicial, la fiscal del caso, Pilar Fernández, explicó que su investigación se basa «en la documentación remitida por los servicios del Sergas y por la realizada por la policía judicial», en cuanto a los trámites seguidos. Según explicó la fiscal, el próximo paso tras la toma de declaraciones pasará por «constatar» los datos expuestos. En este sentido, la representante del Ministerio Público recalcó que «la finalidad exclusiva de esta investigación es la de constatar la legalidad de los procedimientos».

La toma de declaración de los dos altos cargos investigados por su actuación al frente del ente encargado de autorizar la entrega del Sovaldi fue interpretada ayer por el conselleiro de Sanidade como una oportunidad para que «todo quede aclarado». El presidente de la Xunta también se refirió a la investigación para incorporar un nuevo dato. «Cuando empezaron a aparecer los nuevos tratamientos la Xunta hizo casi 400 trasplantes de hígado con un coste de 100.000 euros cada uno», apuntó Núñez Feijóo para tumbar las acusaciones que reprochan al Gobierno gallego el uso del criterio presupuestario sobre el clínico.

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