La abogada del líder de los miguelianos sostiene que «no hay pruebas» sobre los abusos sexuales

Después de meses de silencio a la espera de ver si había «indicios racionales de las actividades que le imputan», la abogada del líder de los miguelianos ha hablado este miércoles a la puertas de los juzgados de Tui (Pontevedra), donde se investigan supuestos delitos en torno a la denominada secta de Oia, cuyo líder fue detenido en 2014. María Teresa Quintana-Drake, letrada de Miguel Rosendo, encarcelado desde entonces, ha afirmado que «testigos de referencia hay muchos, pero no hay pruebas», en relación a los presuntos abusos sexuales que Rosendo habría cometido.

La letrada sostiene que no hay indicios ni pruebas de cargo en el sumario, cuyo levantamiento se produjo hace algunas semanas. Según recoge Efe, Quintana-Drake señala que muchas de las denuncias son de oídas. Posibles víctimas «de primera mano son tres» en relación a dichos abusos sexuales.

La mayoría de ellas las habrían formulado, según ella, «personas a las que les han contado una historia que sus hijas, mayores de edad, no ratifican».

«Giro» sobre las denuncias iniciales

Las víctimas, asegura la abogada que también defiende a dos colaboradoras de Rosendo, han ido modificando su testimonio respecto a las agresiones sexuales en vista de los informes periciales de tres forenses de Madrid y que sus denuncias se han ido «desmoronando». Desde septiembre de 2015, considera que han aparecido otros testimonios «que han dado un giro al inicio de estas denuncias».

Rosendo es el único investigado por abusos sexuales en este caso, en el que también se imputa a una decena de personas supuestos delitos de asociación ilícita y contra la Hacienda Pública. El líder de la conocida como Orden y Mandato de San Miguel Arcángel, una asociación de fieles clausurada por la Iglesia, está «destrozado» en prisión porque la de abusos sexuales «es la peor acusación que se le puede hacer a alguien, más si es falsa». Quintana-Drake indica que su vida en la cárcel es «muy dura» dado los «códigos carcelarios» que existen entre los reclusos hacia este tipo de acciones.