Sede de la Audiencia Provincial de Alicante.
Sede de la Audiencia Provincial de Alicante. - JUAN CARLOS SOLER
RECURSO

Moros y Cristianos de Alcoy se verán las caras en la Audiencia cuatro días después de las fiestas

La vista para decidir si el Casal debe aplicar el sufragio universal puede causar un terremoto interno al que seguirá la sorprendente falta de convenios que regulen la recaudación con las sillas y la delegación de funciones desde el ayuntamiento

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Representantes de los Moros y Cristianos de Alcoy se verán las caras en la Audiencia Provincial de Alicante justo cuatro días después de terminar los días grandes de sus fiestas de este año, que probablemente más de uno no olvidará por estas tensiones.

La vía de la democratización parece abierta, después de que la citada instancia judicial haya fijado para el 28 de abril -la trilogía festera vive sus jornadas centrales del 21 al 24- la vista para revisar el recurso planteado por dos festeros críticos que reclaman el funcionamiento mediante sufragio universal en la Asociación San Jorge de Alcoy.

Está en juego, tal vez, incluso la continuidad de la actual directiva, si debe someterse al respaldo electoral de todos y no únicamente de una minoría de compromisarios.

O la validez de sus decisiones durante dos años de mandato.

Pero no se trata del único frente abierto en los tribunales. También están pendientes demandas por falta de información contable y para aclarar esas cuentas financiadas en buena parte con fondos públicos.

Repercusión política

Del resultado de esta primera cita dentro de un solo mes pueden depender otros movimientos importantes en la gestión y organización de una de las fiestas más famosas del mundo. A raíz de la presión por las peticiones de más transparencia de Guanyar y Compromís al equipo de gobierno liderado por el alcalde socialista Toni Francés, ha quedado en evidencia que no hay convenios oficiales por escrito que regulen la recaudación de las sillas para presenciar los desfiles -una gestión de más de tres millones de euros al año- ni siquiera la delegación de competencias del ayuntamiento al Casal.

Al menos en las comparecencias en el consistorio municipal no se ha dado cuenta de que existan tales documentos, lo que denota que las fiestas siempre se han organizado un poco por una especie de inercia institucional y gozan de cierta alegalidad, un limbo jurídico difícilmente explicable si no es porque se impone un carácter sagrado que las convierte en intocables.

Contra esta situación pugna un sector de los festeros que va ganando apoyos explícitos y también suscita expectación en un censo de más de 5.000 participantes de pleno derecho y otra cifra similar de socios no activos.

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