Moros, cristianos y un juez

Los Moros y Cristianos más célebres del mundo –los alcoyanos– se precian de recrear fielmente un época de la historia que entronca con el medievo. A tenor de cómo funciona su organización, la Asociación de San Jorge, podría decirse que también a nivel interno reflejan un pasado lejano.

Sus estatutos datan de 1955, nada menos que 60 años ya, en los que apenas han remozado un régimen de esencias religiosas y jerarquía militar, nacida en tiempos de la dictadura, cuando recibían la autorización expresa del Gobernador civil, y además con un sistema de elección de la junta directiva que podría tildarse de feudal: entre un millar de festeros, solo pueden votar 60 que eligen a 26 representantes en la junta directiva.

Un núcleo crítico dentro de este mundo monolítico ha llevado a los tribunales ese estatu quo en demanda del sufragio universal y de una mayor transparencia en las cuentas, como dos premisas fundamentales e irrenunciables. «Hay una falta de cultura democrática, la gente no tiene derechos», subraya una portavoz de los denunciantes, que además por su doble condición de mujer y festera conoce en primera persona la «discriminación» femenina que ha saltado con frecuencia a los medios de comunicación. «Las mujeres hasta hace poco ni eran miembros de pleno derecho de la asociación», resalta.

Los responsables de la agrupación presentaron alegaciones contra el recurso para modificar y modernizar estos estatutos con más de medio siglo de antigüedad –salvo unos leves retoques en décadas–, y argumentaron en su defensa que tienen la potestad de «autorregularse» y que debe prevalecer su «autonomía» frente a los derechos que reivindiquen sus socios.

Con dinero público

El otro frente abierto por los críticos con la estructura de la fiesta apunta el uso de fondos públicos, ya que «las cuentas se aprueban sin transparencia y los gastos no se votan, es un caso único», según los denunciantes.

La Asociación San Jorge es propietaria formalmente de todos los casales de las «filaes», los locales donde transcurre la convivencia festera, más de una veintena de inmuebles que tienen hipoteca. Y, sobre todo, reciben más de 100.000 euros de subvención municipal anuales, que llegaron a ser 180.000 antes de la crisis con una aportación de unos 30.000 de la Conselleria de Turismo.

La misión de reclamar esos cambios y modos de actuar entraña a estas voces críticas no pocas presiones, como demuestra el hecho de que varios de los demandantes han abandonado esta causa por temor a represalias en un entorno local tan próximo. Los que se mantienen, buscan el asidero de las leyes de asociaciones tanto estatal como autonómica. El lititigio está en la Audiencia de Alicante.