El Senado remite al Supremo el escrito del Juzgado del caso Taula sobre Rita Barberá

El Senado va a reenviar al Tribunal Supremo el escrito que ha recibido del juzgado de Instrucción 18 de Valencia en el que pregunta por la condición de senadora de Rita Barberá, al entender que debió enviarlo directamente al alto tribunal para conocer si la exalcaldesa está o no aforada.

El vicepresidente primero de la Mesa del Senado, Pedro Sanz, ha explicado que es el Tribunal Supremo el que debe responder al juzgado valenciano. "No corresponde al Senado contestar", ha dicho.

El juzgado ha iniciado el trámite para imputar a Rita Barberá por blanqueo de capita.

Las declaraciones previstas por el Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia por el supuesto blanqueo de 50.000 euros en el seno del grupo municipal del PP en la capital del Turia concluyeron este lunes con la comparecencia de tres asesores de este grupo, según informó el Tribunal Superior de Justicia valenciano.

Las fuentes de la máxima solvencia consultadas por ABC señalaron que en uno de los informes que obran en la causa se apunta la posibilidad de que el expresidente de la Comunidad Valenciana Francisco Camps estuviera al corriente de las actividades corruptas, según se desprende de algunas grabaciones.

«No hay datos definitivos sobre este asunto -señalan las mismas fuentes-, pero es cierto que se trata de una línea de investigación en la que se está trabajando». Es más, no solo Camps, según esos indicios, conocería el cobro de comisiones a empresarios por adjudicaciones de servicios o de obras públicas, sino también Víctor Campos, en su día secretario de Organización del PP valenciano y vicepresidente autonómico, y Rafael Betoret, ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo.

Conexión entre Benavent y Alcón

Los investigadores tuvieron conocimiento del supuesto blanqueo a raíz de unas escuchas entre el exgerente de Imelsa Marcos Benavent y la entonces concejala de Cultura María José Alcón, esposa del exvicealcalde Alfonso Grau, procesado en el caso Nóos y que este lunes quedó en libertad tras ser detenido por un supuesto delito de cohecho.

Tras la ronda de declaraciones siguen imputadas 49 personas en la pieza, la mayoría concejales, exediles y asesores del PP en la etapa de Barberá. De hecho, permanecen investigados nueve de los diez actuales concejales del PP en el Ayuntamiento de Valencia, que fueron en la lista que encabezó la exalcaldesa en las elecciones del pasado mes de mayo. Las pesquisas se centran en el blanqueo de 50.000 euros en la campaña para los citados comicios y la Fiscalía Anticurrupción cree que existen indicios de delitos para imputar a Barberá, por lo que ha solicitado al juez que la investigue.

La exalcaldesa de Valencia y senadora del PP hizo público un comunicado el pasado 2 de febrero en el que afirmaba que "ningún contrato del Ayuntamiento de Valencia se ha amañado, ni ha habido ninguna mordida, ni desvío a financiación ilegal".

Barberá añadía que las adjudicaciones del Ayuntamiento de Valencia, durante los 24 años que fue alcaldesa, "no se han puesto en duda".

En su petición a la Cámara Alta, el magistrado solicita a la Mesa del Senado que "a los efectos de determinar la competencia del órgano judicial sobre hechos referidos a la causa penal referenciada que se sigue en este juzgado" remita "certificación sobre la condición actual de senadora en la presente legislatura" de Rita Barberá.

Una vez tomadas todas las declaraciones pertinentes, el juez instructor, Víctor Gómez, tendría que elevar una exposición razonada al Tribunal Supremo (vistos los indicios de delito) para que este decida si asume el asunto, ya que Barberá goza de la condición de aforado al ser aforada. El hecho de que el magistrado haya decidido abrir una pieza separada «facilita» que esto suceda a nivel práctico y la explicación ya se está preparando. Mientras, el secreto de sumario se mantendrá hasta el 14 de marzo.

Suplicatorio al Senado: el paso definitivo

En el caso de que el TS decidiera seguir adelante, plantearía un suplicatorio al Senado. Allí se cumpliría con el reglamento que existe al respecto, según el cual el presidente lo recibiría y lo remitiría a la Comisión de Suplicatorios. Aunque el PP cuenta con mayoría en la Cámara Alta, no podría rechazar la concesión aunque quisiera, puesto que de acuerdo con los principios establecidos por el Tribunal Constitucional, la negativa a otorgar la autorización sólo puede producirse en caso de que, hecha la acusación penal, se percibiera en la querella un intento de alterar la composición del Senado o su funcionamiento.

La comisión procedería a llamar a Barberá para escuchar su razonamiento y emitiría un dictamen en el plazo máximo de un mes. Posteriormente, su debate sería incluido en el orden del día del primer pleno ordinario que se celebre (este punto, en cualquier caso, sería tratado en sesión secreta). Una vez hubiera acuerdo, el presidente del Senado daría traslado del mismo al Tribunal Supremo en el plazo de ocho días. El TS, una vez recibido, ya podría llamar a declarar a Barberá.

Grau, señalado por sus excompañeros

Conforme publicó ABC el pasado 3 de febrero, varios de los investigados en relación al presunto blanqueo de capitales en el PP de Valencia a través de dichos donativos señalaron que Alfonso Grau era el encargado de recaudar los donativos de dirigentes y candidatos del PP para sufragar el funcionamiento del partido y las campañas electorales. Hasta que tuvo que dimitir -el pasado mes de marzo- y se cayó de la lista por su implicación en el caso Nóos, Grau se habría encargado así de gestionar las aportaciones de los concejales y cargos del PP a la formación. Grau ha negado públicamente todas las acusasiones al respecto.

La Fiscalía cree que fue en ese momento cuando la dirección local del PP decidió «lavar» los 50.000 euros de la caja opaca.

El juzgado de instrucción número 18 de Valencia investiga si los populares de la ciudad de Valencia manejaban una «contabilidad B». De acuerdo con las pesquisas, los contratistas de obra pública aportaban dinero al partido y éste lo «lavaba» por distintos procedimientos.

Uno de ellos pasaba por devolver a los concejales, asesores y militantes de confianza los donativos que habían realizado al partido en sobres con billetes de quinientos euros. La investigación apunta a que solo en la campaña electoral de las pasadas municipales se blanquearon a través de este procedimiento 50.000 euros.

La trama ponía como condición para devolver los donativos que el dinero no se ingresara en cuentas bancarias. Los investigadores han constatado que algunos concejales gastaron el efectivo en compras en grandes almacenes. La ya exsecretaria del grupo municipal del Partido Popular de Valencia Mari Carmen García-Fuster está considerada la mano ejecutora de la trama que reclamaba los donativos para ocultar, mediante el blanqueo de dinero, la financiación irregular de la formación. García-Fuster fue cesada tras su detención. A pesar de que el fiscal reclamó cárcel provisional, el juez la dejó libre bajo fianza de 150.000 euros.

Consecuencias políticas: gestora en Valencia

En su vertiente política, este caso ha supuesto la práctica disolución de la organización del partido en la ciudad, tras la suspensión de militancia del presidente local del partido y portavoz, Alfonso Novo, y el nombramiento, el pasado viernes, del diputado y exconseller Luis Santamaría como responsable de la nueva gestora.

De las escuchas, registros y testimonios recabados durante meses en la investigación del conocido como caso Imelsa se han destapado al menos otras dos ramificaciones al margen de este supuesto caso de blanqueo.

En total son más de 80 los investigados entre políticos, asesores y empresarios por varios delitos contra la administración pública, entre ellos los de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, fraude, falsedad y blanqueo de capitales, contenidos en un sumario que seguirá siendo secreto al menos hasta el 14 de marzo.

La Mesa sí ha tramitado este martes la solicitud de suplicatorio para el senador de EH-Bildu Iñaki Goioaga, a quien el Supremo juzgará por delitos de pertenencia o colaboración con la organización terrorista ETA. El asunto será enviado ahora a la Comisión correspondiente y pasará después al Pleno.