Imagen de Martínez, en primer término, tomada este lunes en el banquillo de los acusados
Imagen de Martínez, en primer término, tomada este lunes en el banquillo de los acusados - EFE
TRIBUNALES

El exnúmero dos de Carlos Fabra, en el banquillo de los acusados por un caso de corrupción

El fiscal solicita cuatro años de prisión para Francisco Martínez por delitos de prevaricación, tráfico de influencias, fraude ilegal y negociaciones prohibidas

CASTELLÓN Actualizado: Guardar
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El exvicepresidente de la Diputación de Castellón Francisco Martínez (antigua "mano derecha" del encarcelado Carlos Fabra) ha declarado este lunes que no tenía conocimiento de que parte de los terrenos en los que iba a construirse la depuradora de Borriol era de una empresa de su familia, y ha asegurado que no leía los informes de los técnicos.

Martínez, quien fuera "mano derecha" de Carlos Fabra en la institución provincial, ha hecho estas declaraciones ante el juez en la primera sesión del juicio que ha comenzado en la Audiencia Provincial de Castellón donde también está procesado el exalcalde de Borriol Adelino Santamaría, los dos hijos de Martínez, el socio de éste Raúl Babiloni y un empleado suyo.

El fiscal solicita cuatro años de prisión para Martínez por delitos de prevaricación, tráfico de influencias, fraude ilegal y negociaciones prohibidas al entender que se puso de común acuerdo con Santamaría para obtener un "beneficio patrimonial ilícito" en la expropiación de los terrenos de la depuradora.

Martínez, a preguntas del fiscal, ha asegurado que el proyecto de la depuradora se aprobó "en una comisión, junto a otros quince proyectos", y no conocía su contenido -el cual, ha dicho, ocupaba 2.600 folios- porque "ningún diputado se lee los proyectos".

El exvicepresidente ha dicho que "no somos los políticos quienes revisamos los proyectos ni los leemos" sino que "los técnicos son los que remiten los informes sin que los políticos participemos".

«No somos los políticos quienes revisamos los proyectos ni los leemos»
Francisco Martínez

Martínez ha afirmado no tener conocimiento de los terrenos en los que iba a construirse la depuradora de Borriol, entre los cuales, según la acusación de la fiscalía, estaba la parcela 42, la cual era propiedad de la empresa Franvaltur, de la que era socio junto a sus dos hijos, también procesados.

La parcela 42, según el relato de los hechos del fiscal, se había añadido al terreno afectado por la expropiación para construir la depuradora una vez fue la Diputación la que tuvo competencias sobre el proyecto.

Martínez ha dicho que conoció estos hechos "en 2014 por la prensa" porque cuando su hija aportó la finca a Franvaltur en 2011, "ella era autónoma y tomaba sus propias decisiones".

El exvicepresidente ha dicho que tampoco sabía que él firmó la inclusión de esa parcela en los terrenos de la depuradora en 2013 porque "no leo los informes".

A preguntas de los letrados de las defensas, Martínez ha dicho que "no influyó" en los técnicos de la Diputación, ni en Babiloni para que le representara sin que figurara su nombre ni se puso de acuerdo con Santamaría para dictar una resolución que les beneficiara.

Durante la sesión también ha declarado su hija, Andrea Martínez, quien era administradora de Franvaltur y aportó a la mercantil la parcela 42 "ante notario" y con la presencia de su padre.

Preguntada sobre el aumento del capital social de Franvaltur, de 6.000 euros a 600.000 en cuatro años, Andrea Martínez ha dicho que fue a consecuencia de aportaciones por "donaciones de patrimonio personal y de varias herencias".

Y ha explicado que en verano de 2013 le dijo Raúl Babiloni, con quien era socia en otra empresa, que había que firmar un convenio de expropiación con el Ayuntamiento de Borriol para la depuradora de Borriol, extremo que, ha dicho, no comunicó a su padre.

Andrea Martínez ha dicho que al estar estudiando fuera pasó a ser administrador de Franvaltur su hermano, quien a su vez firmó un poder en favor de Luis García del Campillo, empleado de Babiloni.

Su hermano, Francisco Martínez, ha dicho que firmó el poder porque "no podía ir a firmar" aunque "no sabía para qué era", ni tampoco lo comunicó a su padre porque él "tenía otras prioridades".

Este martes continuará la sesión con la declaración de los otros tres acusados y los 19 testigos declararán la próxima semana del 22 al 25 de febrero.

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