Dos exasesoras afirman que Barberá debía conocer el blanqueo en el Ayuntamiento de Valencia

Cuatro exasesores de la alcaldía y vicealcaldía de Valencia - que no fueron renovados tras las elecciones municipales-, prestaron ayer declaración como testigos ante el juez que investiga la operación Taula. Todos ellos detallaron que se negaron a aportar la donación de mil euros que se les reclamó desde el partido por considerar que era una evidente operación de blanqueo. Alguno de ellos señaló directamente a la exsecretaria del grupo, Mari Carmen García Fúster (detenida la semana pasada), mientras al menos otros dos creen que la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, tenía conocimiento de todas estas prácticas.

El «desfile» de concejales investigados ante el juez comenzó con el presidente del PP valenciano, Alfonso Novo. Salió como entró: imputado por un supuesto delito de blanqueo de capitales

en el marco de la operación Taula, derivada del caso Imelsa.

El titular del Juzgado de Instrucción número 18 de la ciudad decidió mantener así su situación, una vez había comparecido acogiéndose a su derecho a no declarar. A la salida, Novo afirmó que se mantiene firme en las explicaciones que ya dio ante la Guardia Civil la pasada semana. Admite que realizó donaciones al partido para el «desarrollo de la campaña» a través de transferencia bancaria, pero asegura que no le devolvieron «nada», ni en su caso ni en otros que él conozca, por lo que, según sostiene, no le consta que la formación lavara dinero negro procedente de comisiones. Suspendido cautelarmente de militancia del PP y hasta la macrorredada del pasado martes portavoz en el consistorio, señaló que mantendrá el acta de concejal «hasta que se levante el secreto de sumario y declare todo el mundo».

«Se mezclan casos»

La salida de su breve declaración se solapó prácticamente con la del asesor municipal Luis Salom, quien igualmente continúa como investigado y negó que le devolvieran el dinero en negro. «Se está mezclando un caso con otro de forma premeditada cuando no es lo mismo el caso Imelsa que lo que se está diciendo del Ayuntamiento de Valencia», apuntó. Salom protagonizó otra polémica debido a su entrada a los juzgados. La Dirección General de Justicia de la Generalitat ha abierto una investigación interna sobre si el el acceso al edificio se produjo de «forma irregular», al no haber utilizado la puerta principal.

El juez ha citado en total a 34 personas a declarar en calidad de investigados por un posible blanqueo. Habrían donado mil euros para la campaña de las elecciones locales de 2015 y, posteriormente, cobrado el dinero en sobres con billetes de quinientos euros procedentes de comisiones.

Las comparecencias seguirán entre el lunes y el miércoles de la próxima semana, según informa el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV). Hasta el día 18 declararán ocho de los diez concejales del actual grupo en el Ayuntamiento -el noveno, Novo, lo hizo ayer-, además de seis exediles (María José Alcón ya compareció la semana pasada tras ser arrestada) y 20 asesores o exasesores.

El único que no se encuentra en esta situación es el independiente Eusebio Monzó. Tampoco está imputada la exalcaldesa, Rita Barberá. Su condición de senadora y, por tanto, aforada, supone que únicamente puede ser investigada por el Tribunal Supremo.

Pero la presión en el seno del partido sobre ella es cada vez mayor. La dirección nacional, ayer en boca de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, precisó que actuará con la exalcaldesa «en consecuencia» y tomará las mismas medidas que tome «con otros militantes que se encuentren en una situación semejante». Aun así, prefirieron no pronunciarse sobre el comunicado de Barberá en el que afirmaba que «ningún contrato del Ayuntamiento de Valencia se ha amañado, ni ha habido ninguna mordida, ni desvío a financiación ilegal».

En el caso de los actuales ediles no se tomará ninguna medida disciplinaria -como la suspensión de militancia- hasta que el juez les haya tomado declaración a todos ellos.

Cospedal se reunió precisamente ayer con la cúpula del PPCV para analizar la situación de la formación. La presidenta regional, Isabel Bonig, acudió a la sede nacional acompañada por los tres presidentes provinciales de la formación (José Ciscar, Javier Moliner y Vicente Betoret) en un encuentro en el que también estuvo presente el vicesecretario de Organización, Fernando Martínez-Maillo.

En la cumbre, se emplazó a la cúpula del PP valenciano a que impulse la creación de una gestora para después convocar una Junta Directiva regional. La formación a nivel regional ya anunció su intención de convocar un congreso extraordinario para acometer una refundación. Génova valora la primera posibilidad, pero no quiere un cambio de siglas.