Caso TaulaAlfonso Grau: el supervisor de la campaña en la que se investigan donaciones encubiertas al PP

La gran mayoría de trabajadores de Laterne Product Council (LPC) -la empresa de comunicación contratada por el PP para las elecciones de 2007- coinciden en señalar al exvicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, como el supervisor de todo lo relacionado con la campaña electoral.

Así consta en el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil remitido al juzgado que instruye la subpieza relativa a las aportaciones encubiertas que habrían realizado empresas, fundaciones y asociaciones a la firma para sufragar los comicios. El coste oficial de los gastos electorales era de 150.000 euros, mientras en los escritos de la propia empresa el total aumenta hasta los tres millones de euros (superando, si se demuestra, veinte veces lo establecido).

En sus testimonios, los empleados destacan la presencia constante de Grau en la sede de la empresa como interlocutor del Ayuntamiento. «En varias ocasiones se trasladaba a las oficinas de LPC y era la persona que daba el visto bueno a los trabajos más importantes que se realizaban», comenta una de las testigos.

Otra de las declaraciones apunta a que era el encargado de «supervisar» los proyectos «llegando incluso a ir a algunos eventos». Se decía también que era «muy amigo» del sueño de Laterne, Vicente Sáez.

Algunos trabajadores también recibieron indicaciones del entorno del propio Grau. La exresponsable de administración y personal de la firma afirmó que Jesús Gordillo, su entonces superior y años después asesor del exvicealcalde de Valencia, le ordenó suprimir las referencias al PP o la campaña en facturas giradas a proveedores. Un cambio de concepto que considera que se realizó para «facilitar el pago».

Aunque casi todos los empleados destacan a Grau como la persona con la que se tomaban las decisiones, uno de ellos menciona que era frecuente ver por las oficinas de Laterne al concejal Alfonso Novo o a la exsecretaria del grupo popular, Mari Carmen García Fuster.

En su declaración ante el juez en la parte de esta pieza relativa a las campañas de 2011 y 2015, Grau sostuvo que nunca firmó nada y que no realizó ninguno de los pagos. Apuntó al comité electoral como el responsable de los contratos sin saber quién los autorizó.