Los letrados del Parlament avalan reformar la Ley de la Presidencia pero no para investir a Puigdemont

Rechazan hacerlo por el procedimiento de máxima urgencia, como pide JpC

El presidente del Parlamento, Roger Torrent, está hoy reuniéndose con las formaciones en busca de nuevo candidato para la Generalitat EFE

D. C.

Los letrados del Parlamento catalán ven viable que la Mesa del Parlament tramite la reforma de la Ley de la Presidencia de la Generalitat impulsada por Junts per Catalunya (JpC) después de que Carles Puigdemont haya renunciado a ser investido , pero avisan de que una iniciativa de tal calado no puede llevarse al pleno por el procedimiento de máxima urgencia y sin que se haya constituido un Govern.

El informe, que se ha elaborado nuevamente sin unanimidad, avala la reforma pero deja claro que no podría admitirse a trámite si la "finalidad instrumental" fuera investir a Carles Puigdemont y se descarta un procedimiento de urgencia. Los juristas destacan que en este caso la reforma no podría admitirse a trámite porque "podría llegar a inferir" en las medidas cautelares del TC, que precisamente indican que el líder de JpC solo podría ser investido estando presencialmente en el pleno y con permiso judicial.

Así lo exponen en el informe jurídico presentado, elaborado a petición de la propia Mesa del Parlament, que instó a los letrados a analizar la reforma de JpC antes de admitirla a trámite para saber si contravenía las medidas del 155 o las directrices del Tribunal Constitucional (TC).

El informe está firmado únicamente por el secretario general del Parlament, Xavier Muro , debido a que las diferencias internas en el seno de los servicios jurídicos de la Cámara han llevado a que, por ejemplo, el letrado mayor, Antoni Bayona, haya acabado desmarcándose, según fuentes parlamentarias, según informa Efe.

Por otro lado, se avisa que supone "un condicionante a tener en cuenta" el hecho de que no haya gobierno y, por lo tanto, no se hayan podido constituir las comisiones legislativas, lo que supone que cualquier iniciativa "se tenga que sustanciar por el procedimiento de lectura única", lo que "ya de por sí supone una limitación de los derechos de los diputados".

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