El desafío catalán, un proceso cargado de «intenciones»

Tres meses después de la declaración de ruptura de 9-N que se aprobó en el Parlamento catalán y suspendió el Tribunal Constitucional, la hoja de ruta secesionista parece desdibujarse entre declaraciones contradictorias y gestos ambiguos de sus promotores. Para intentar sortear un definitivo revés judicial que dé al traste con todo el «procés». En esta estrategia, además, Convergència y ERC también tienen en cuenta que en plenas e inciertas negociaciones para la investidura del futuro presidente del Gobierno, no hay que alentar un indeseado pacto que incluya al PP o a Ciudadanos; o al PSOE sin un Podemos que defiende un referéndum para Cataluña.

El nuevo presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, aguó primero el vino afirmando que el proceso podía tardar más de 18 meses.

Y asegurando que en ese período no se contemplaba un declaración unilateral de independencia. Aunque se recogía en el programa electoral de Junts pel Sí (JpS). La portavoz de la Generalitat, Neus Munté (CDC) acabó por afirmar que lo que se haría una «declaración de intenciones» de independencia.

A su vez, Marta Rovira (ERC) concretó que habría una declaración de independencia al final de los 18 meses de plazo de la hoja de ruta independentista. Sería simultánea o inmediatamente posterior a la aprobación de las tres leyes de ruptura previstas en el acuerdo de JpS y la CUP: la de Seguridad Social, Hacienda Pública y la del Proceso Constituyente.

El «diablo» en los detalles

Pero más allá de las declaraciones, el «diablo» del proceso soberanista está en los detalles. En un modus operandi que sigue la Generalitat y el Parlamento catalán –con la mayoría que allí suman JpS y la CUP– que denota que no las tienen todas consigo. Por un lado, por falta de legitimidad democrática: porque sólo un 48% de los catalanes votó independencia en las autonómicas del 27-S. Por otro: por las consecuencias legales que pueden acarrear a políticos, y funcionarios, según qué iniciativas rupturistas. «El nuevo gobierno está siendo más prudente que el de Mas, destensando», señala a ABC Pablo Nuevo, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Abat Oliba de Barcelona.

Hasta la fecha, los tres principales desafíos concretados por el independentismo, que ya han orillado en el Tribunal Constitucional (TC) tras sendos recursos del Gobierno, están en una suerte de «impasse».

La declaración de ruptura que aprobó el Parlamento el pasado 9-N fue suspendida por el TC. La citada declaración contemplaba la tramitación en 30 días de las llamadas tres leyes de ruptura –Hacienda, Seguridad Social y Proceso constituyente–, pero también ahí los independentistas andan con calculado tino. JpS y la CUP pidieron que el Parlamento tramitara sendas leyes. La Mesa del hemiciclo catalán aprobó el martes la petición pero aplazó la decisión definitiva sobre la creación de dichas ponencias al dictamen de un informe de los servicios jurídicos del Parlamento ante el rechazo en bloque de toda la oposición (C’s, PSC, PP y Catalunya Sí que es Pot).

JpS tiene mayoría en la mesa del Parlamento, así que ya podía dar el visto bueno a la tramitación de dichas leyes. más no lo hizo. Seguramente lo hará esta semana, aunque la propia naturaleza de las ponencias también hace difícil impugnarlas. Se han bautizado con otros nombres –régimen jurídico, protección social y administración tributaria– para que aludan a competencias que tiene la Generalitat. Y se quieren elaborar en ponencia conjunta y no como proposición o proyecto de ley. Sin partir de un texto inicial e invitando a toda la oposición a participar desde el inicio en su redacción. Aunque toda la oposición ya ha dicho que no van a participar.

El Gobierno ya ha advertido que impugnará ante el TC estas ponencias, pero atajarlas jurídicamente no será fácil. «Sin un texto, un contenido, que impugnar es difícil hacer nada ante el TC», señala el profesor. Lo que sí está en el TC son los recurso del Gobierno a la creación de la Consejería de Exteriores de la Generalitat y la comisión parlamentaria –ya constituida– del proceso constituyente. Pero las consecuencias jurídicas son inciertas.

El Gobierno presentó ante el TC una cuestión de competencia contra la Consejería de Exteriores. Con todo, en el decreto de la Generalitat dónde se concretan las competencias de dicha consejería, o departamento, (que antes era una Secretaría) es de una calculada vaguedad. Con atribuciones como «la coordinación de la acción exterior». Y ni siquiera se menciona la Ley catalana de Acción exterior, suspendida el año pasado por el Constitucional.