Cataluña ultima un impuesto a la energía nuclear para sortear al TC

La Generalitat sigue desafiando las distintas resoluciones del Tribunal Constitucional que han anulado varias iniciativas legislativas suyas de carácter secesionista – como las que persiguen la creación de las llamadas «estructuras de Estado»–, o que imponen impuestos que desbordan sus competencias autonómicas.

Ante las decisiones del TC, el gobierno que lidera Carles Puigdemont –al frente de la coalición independentista de Junts pel Sí (antes CDC y ERC)– opta por no obedecer al más alto tribunal o intentar sortear sus vetos con la elaboración de nuevas leyes. Uno de los ejemplos es el del impuesto a las centrales nucleares.

La Generalitat ultima así una «nueva versión» del impuesto que gravaba la producción de energía eléctrica nuclear y que fue anulado el pasado abril por el Tribunal Constitucional.

En una entrevista concedida ayer a Efe, el secretario de Hacienda del Gobierno catalán, Lluís Salvadó, aseguró que su intención es que el ejecutivo de Puigdemont pueda aprobar la reforma de este tributo «antes de que acabe julio» y, si no se llega a tiempo, «a principios de septiembre». Todo ello con el objetivo de que el impuesto vuelva a estar en vigor el 1 de enero de 2017.

«Doble imposición»

Salvadó recordó que el Estado grava con tres impuestos diferentes la actividad de las centrales nucleares y que el impuesto catalán, que debía aportar entre 45 y 50 millones al año, fue vetado por el TC, tras un recurso presentado por el Gobierno, con el argumento de que suponía una «doble imposición».

Aunque no reveló qué hecho imponible ha buscado ahora la Generalitat para tratar de evitar el veto del TC, Salvadó se mostró «convencido» de que el nuevo impuesto logrará un «encaje» constitucional.

Este proyecto forma parte del plan del Gobierno catalán, anunciado en junio, para recuperar impuestos propios que han sido derogados por el TC, una iniciativa con la que la Generalitat quiere lograr, en primer lugar, que estos tributos sigan vigentes y a la vez hacer «gestos políticos» en defensa de su proyecto político secesionista.

Más impuestos

En este sentido, Salvadó dio por supuesto que la recuperación del impuesto catalán sobre los depósitos de las entidades de crédito –también suspendido por el TC– está en una fase «más embrionaria» y deberá esperar «seguramente a septiembre» para ser aprobada por la Generalitat. «Estamos buscando hechos imponibles no gravados por la administración del Estado que permitan no sólo hacer un gesto político, sino encontrar un espacio que nos permita acabar aprobando este impuesto», comentó Salvadó.

Por otra parte, la Generalitat trabaja para adaptar otras dos tasas a las recomendaciones de la UE en materia de competencia. Se trata del impuesto sobre grandes establecimientos comerciales, al que se dará «una orientación ambiental» con el fin de adaptarse a lo establecido por la UE, y del impuesto sobre la emisión de óxidos de nitrógeno a la atmósfera producida durante el despegue y aterrizaje de los aviones comerciales.