La cuna de Sijena es el último frente abierto en la pugna por los bienes
La cuna de Sijena es el último frente abierto en la pugna por los bienes - EFE

La Generalitat blinda los bienes del monasterio de Sijena que reclama Aragón

Acuerda que no puedan salir del MNAC o el Museo de Lérida sin la autorización expresa del consejero de Cultura

BARCELONA Actualizado: Guardar
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Si hace unos días la pugna por los bienes del Monasterio de Sijena que enfrenta a los gobiernos aragonés y catalán vivió un nuevo episodio en los juzgados, hoy ha sido la Generalitat la que ha movido ficha para acordar que «los bienes que forman parte de MNAC y del Museo Diocesano de Lérida no puedan salir en ningún caso de sus dependencias sin la pertinente autorización del consejero de Cultura».

Esta medida, anunciada por la portavoz del Gobierno catalán, Neus Munté, tras la reunión del ejecutivo catalán afecta tanto a las pinturas murales del monasterio oscense como al centenar de piezas que la Generalitat compró a las monjas del monasterio entre 1982 y 1993. A pesar de que actualmente existen dos procesos judiciales en marcha,

la Generalitat asegura que tanto el Estatut de Cataluña como la ley de patrimonio catalán avalan esta decisión. «Estamos habilitados para proteger estos bienes», aseguró Munté.

El Gobierno catalán también hace valer una sentencia del Tribunal Constitucional de 2012 que, sin entrar a cuestionar la propiedad de los bienes, sí que asegura que la competencia relativa a la protección de bienes histórico-artísticos procedentes del Monasterio de Sijena que se encuentren en Cataluña corresponden a este territorio, ya que es el que está protegiendo estos bienes en el ejercicio de su competencia exclusiva, según recoge un comunicado del departamento de Presidencia de la Generalitat.

La decisión de la Generalitat de blindar los bienes de Sijena llega poco después de que la policía, a instancias de un juez de Zaragoza, se incautase de una cuna de plata procedente también de Sijena que había salido a subasta a Barcelona. La cuna, datada entre los siglos XVI y XVII, ya había sido retirada de la venta a instancias de la Generalitat, que no había sido informada la operación pese a que la cuna estaba inventariada en el catálogo del patrimonio catalán. La operación, sin embargo, se saldó con la incautación y una carta del consejero de Cultura, Santi Vila , al ministro del Interior pidiendo explicaciones sobre el paradero de la cuna.

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