De la Riva declarará como investigado por la carta de conformidad sobre la Alta Velocidad

La Audiencia de Valladolid acordó este lunes continuar las diligencias por los posibles delitos de prevaricación y falsedad que puedan derivarse de la carta de conformidad para una operación de crédito firmada por el anterior alcalde, Javier León de la Riva, en 2011, que debe declarar como «investigado».

Así se recoge en el fallo de la Audiencia Provincial con firma del 13 de septiembre y facilitado a los medios de comunicación, en el que se acuerda estimar el recurso de apelación presentado tanto por el Ministerio Fiscal como por el Ayuntamiento de Valladolid contra la decisión del juzgado de Instrucción número cuatro de la ciudad que acordó el sobreseimiento provisional del caso.

El pasado mes de abril, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Valladolid acordó llevar ante el juzgado la denuncia por los posibles hechos delictivos en que se haya incurrido con la carta de conformidad rubricada en 2011 con el anterior alcalde, Javier León de la Riva, para la operación de crédito del soterramiento ferroviario.

La denuncia se planteó ante los posibles hechos delictivos en que se hubiera incurrido al firmar la carta de conformidad del 26 de enero de 2011 al Contrato de Línea de Crédito a la Sociedad Valladolid Alta Velocidad dentro de la operación de soterramiento del tren.

La decisión de llevar el caso a la justicia se adoptó a la vista del informe de la Asesoría Jurídica, firmado por el director de la misma y el secretario general, así como del emitido por el interventor general del Consistorio. En esos informes se llegó a la conclusión de que esa carta de conformidad al contrato de línea de crédito a la Sociedad Valladolid Alta Velocidad dentro de la operación de soterramiento del tren, que firmó el 26 de enero de 2011 el entonces alcalde «no solo es nula de pleno derecho por haberse prescindido del procedimiento legalmente establecido, sino que podría ser constitutiva de delito».

En el auto de la Audiencia, se argumenta que de esos informes del interventor y del secretario general se desprende que habrá que «investigar la participación o no de terceras personas en la firma» de esa carta de conformidad.