La Junta blinda como derecho la provisión de comida y las ayudas para conservar un hogar

Servicio de provisión inmediata de alimentación en 24 horas en casos de necesidad, apoyo a las familias en riesgo de desahucio, prestaciones frente a situaciones de deuda hipotecaria y ayudas para alquiler de vivienda habitual. Si las Cortes dan el visto bueno al Proyecto de Ley de la Red de Protección de personas en situación de vulnerabilidad social o económica de la Junta, estas cuatro prestaciones se convertirán en «derechos subjetivos» , lo cual significaría que estarían blindadas de tal forma que será obligatorio proporcionarlas con independencia de la «disponibilidad presupuesta».

Es una de las novedades que introduce el Proyecto de Ley aprobado este pasado jueves en Consejo de Gobierno sobre la ordenación y funcionamiento de la nueva Red de Protección, que pretende remplazar a la que ha estado dando respuesta desde 2013 a casos de dificultad en tiempos de crisis. El fin es que ahora el sistema sea permanente y siga funcionando de forma similar pero con un carácter más amplio y no tan acotado a circunstancias sólo económicas, explicó ayer la Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García. Al darse este paso, se han seleccionado las citadas cuatro prestaciones que han estado contempladas en las políticas del Ejecutivo regional en los «momentos más complicados» para, de forma pionera en España, elevarlas a derechos que queden «garantizados» en el futuro tanto en momentos de recesión como en años de bonanza. Así, si una persona tiene «necesidad» de uno de estos servicio, tendrá cobertura y no dependerá de la gestión política.

La otra principal novedad de la nueva Red de Protección que proyecta la Junta es que al concebirse ahora como permanente se «llegará a más personas» , ampliándose los beneficiarios. Además de asistir a personas en situaciones de vulnerabilidad económica y social, mirará también por las que se encuentren en situación de desamparo personal o que requieran una actuación inmediata, como son víctimas de violencia de género, menores desprotegidos y mayores con discapacidad o en desamparo. A través de su incorporación a esta red que lleva funcionando más de cuatro años se aspira llegar a estos colectivos «mejor y más rápido».

A todos ellos se destinará un catálogo de 34 recursos tras incrementarse en once prestaciones , las cuales ya existen como tal pero no se integraban en el trabajo de esta Red de Protección que estaba enfocada para familias afectadas por la crisis. Las prestaciones irán encaminadas a necesidades básicas de subsistencia, la atención con acceso prioritario y la inclusión social y laboral.

En 2017, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades destinó a la Red de Protección 190 millones de euros para atender a unas 190.000 personas. En el presente ejercicio, se calcula una cobertura de 200.000 ciudadanos con un presupuesto de 206,7 millones de euros. El motivo de que aumente el gasto y los beneficiario es que se incorporan más recursos al modelo al ampliarse a la vulnerabilidad social y laboral, dado que las prestaciones para familias afectadas por la crisis han reducido sus usuarios «considerablemente».

Como «apoyo» para el funcionamiento de la Red de Protección, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades publicó ayer el «mapa de recursos» que ordena los servicios que prestan las entidades públicas y privadas integradas en el sistema, lo cual posibilitará el intercambio de información entre los profesionales y contribuirá a una mejor planificación. Actualmente hay 567 unidades funcionales de atención en las nueve provincias, concluyó García.