Sociedad
La carretera de Porto vuelve a liderar las quejas ante el Procurador del Común
Las reclamaciones de zamoranos y gallegos por el estado de la vía coparon más de un tercio de las recibidas en 2017
La eterna espera para que se haga realidad la ansiada mejora la carretera de Porto de Sanabria (ZA-102) volvió a ser en 2017 el principal motivo de queja de los ciudadanos ante el Procurador del Común , según la estadística remitida ayer por el órgano presidido por Javier Amoedo y en el que también destaca el aumento de los expedientes tramitados hasta los 3.909, un 52,2 por ciento más que el ejercicio anterior aunque sin superar el récord conseguido en el año 2015.
Las reclamaciones ante las complicaciones que sufren los usuarios de un tramo de apenas 29 kilómetros que une la Alta Sanabria con Galicia también han propiciado que por segundo año consecutivo sean los zamoranos los más activos a la hora de recurrir a una figura que hace las veces de «defensor del pueblo» y que también ha recibido varias peticiones en este sentido procedentes de fuera de la Comunidad, lógicamente de Galicia, afectada de la misma manera por las condiciones de un firme que no se acaba de adaptar a los nuevos tiempos. En total, más de 1.400 expedientes -más de un tercio del total- recibidos en la sede del Procurador del Común durante el pasado ejercicio tuvieron relación con esta cuestión.
Fue el pasado mes de noviembre cuando los vecinos salieron a la calle para reclamar por enésima vez una modernización que incluya el ensanchamiento urgente de la calzada ante las dificultades que supone la conducción por lo virado y estrecho del tramo. Al respecto, el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, anunciaba en las Cortes hace poco más de un año que la Junta licitaría en el 2017 recién concluida la mejora de la carretera para lo que se requería la firma de un convenio con Galicia que de momento no se ha producido y que es necesario debido a que la vía recorre un tramo de diez kilómetros por tierras orensanas. En su día, la Junta planteó un programa menos ambicioso que el previsto inicialmente y con menos dotación económica que de momento no se ha podido ejecutar y que mantiene vivo el malestar de los usuarios del ya famoso tramo.
Más allá de la principal queja del año, en el avance del informe del Procurador del Común el importante número de quejas firmadas por distintos tipos de agrupaciones afectadas por algún tipo de problema, por lo que se resalta el aumento de ciudadanos que recurrió a esta institución.
El número de expedientes remitidos a Javier Amoedo se elevó hasta los 3.909, un 52% más que en el ejercicio anterior
Por provincias, desde Zamora, León también repite en segunda posición con 579 quejas seguida de lejos por Valladolid, con 351, mientras que en el lado contrario en Soria y en Segovia apenas pasaron de las cien. Completan las estadísticas las reclamaciones de ciudadanos residentes fuera de la Comunidad, que fueron un total de 680, mientras que del extranjero llegaron seis reclamaciones.
En cuanto a la distribución por áreas, destacan un año más las incluidas en el capítulo de Fomento , que fueron las más numerosas, con un 46 por ciento, del total, y que versaron sobre problemas en diferentes carreteras en la Comunidad. Las reclamaciones del área de Función Pública fueron las que más crecieron al copar ya 17 por ciento debido especialmente a unas oposiciones protagonizadas por profesionales veterinarios.
Menor peso tuvieron las peticiones vinculadas con Bienes y Servicios municipales (diez por ciento), Medio Ambiente (cinco), Sanidad y Consumo (cuatro) y Familia e igualdad de oportunidades con el mismo porcentaje. Entre los temas citados, la situación del Hospital del Bierzo, la atención a las personas con alzhéimer, la renta garantizada de ciudadanía, los problemas con las escuelas prefabricadas o la marcha de profesores.
Actuaciones de oficio
Mientras, entre las 21 actuaciones de oficio llevadas a cabo por el Procurador del Común estuvieron las referentes a la sanidad en las zonas rurales, escolarización de mujeres embarazadas, el control de menores en el acceso a Internet en las bibliotecas, la eliminación del amianto o asbesto en instalaciones educativas, la falta de plazas residenciales en Castilla y León.
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