Page anuncia que los presupuestos para 2017 tendrán que prorrogarse

«No nos planteamos cumplir la ley, porque si no hay presupuestos del Estado no los habrá de la región», ha advertido el presidente regional

Toledo Actualizado: Guardar
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En estos momentos hay un 70% de posibilidades de que el presupuesto de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha no esté listo a tiempo, según marca la ley -antes del 1 de octubre-, ha reconocido este viernes el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, al considerar que no se pueden hacer unas cuentas regionales si las del Estado tampoco están listas.

Y es que, según Page, para aprobar las cuentas regionales antes hay que conocer el techo de gasto que viene marcado por los Presupuestos Generales del Estado, y sin gobierno aún formado en España, duda de que llegue a tiempo para elaborarlos. Eso sí, ha insistido en la necesidad de que se «normalice la legislatura» para abordar cuanto antes los problemas que acucian a España.

Una declaraciones que ha hecho García-Page tanto en la firma del convenio con CaixaBank, como con el de la Universidad Regional.

Ha insistido en que no llegar a tiempo para tener elaborado el presupuesto, según marca la ley «no me obsesiona demasiado», aunque su equipo de gobierno ya está trabajando en él y será expansivo pero realista; sin embargo, aunque se puede presentar «no será tramitable».

García-Page ha apuntado que este primer año de legislatura lo han dedicado a «quitar los cascajos del solar», tras el cambio de Gobierno y «nos ha dado tiempo además a subir dos escalones en el proceso de recuperación», mientras que en 2017 la intención es «subir al menos cuatro escalones más» para recuperar la sanidad, la educación y los servicios sociales.

Y ha aprovechado para criticar la actitud del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que ha calificado de «inadmisible» por sus «amenazas y chulería». «El mismo se lo guisa y él se lo come» y después de anunciar rebajas fiscales, ahora dice que «no se puede cumplir y que lo van a pagar los pensionistas, la sanidad o la educación públicas».

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