El abogado de la Diócesis de Barbastro (Huesca) ha acusado al obispo de Lérida, Salvador Giménez (en la imagen) de actuar de forma «vergonzosa»
El abogado de la Diócesis de Barbastro (Huesca) ha acusado al obispo de Lérida, Salvador Giménez (en la imagen) de actuar de forma «vergonzosa»
Tribunales

La guerra judicial entre obispos que atiza el independentismo y apura a la Iglesia

El litigio por los «bienes de la Franja» dispara públicamente el enfrentamiento entre los obispados de Barbastro y Lérida

ZaragozaActualizado:

El litigio por los «bienes de la Franja», que se arrastra desde hace más de 20 años, ha disparado la tensión entre los obispados de Barbastro-Monzón (Huesca) y de Lérida. Atizado por el independentismo catalán, que ha hecho de las colecciones retenidas en el Museo de Lérida una bandera reivindicativa e identitaria, el pulso por esas más de cien obras de arte aragonesas que siguen retenidas en Cataluña ha desencadenado un cruce de acusaciones subidas de tono entre dos obispados.

Fue en 1995 cuando arrancó el conflicto. Ese año, las parroquias aragonesas que habían pertenecido durante largo tiempo a la Diócesis de Lérida pasaron a quedar dentro del mapa eclesiástico aragonés, en la Diócesis de Barbastro-Monzón. Pero sus obras artísticas que un día fueron enviadas a Lérida no regresaron.

Las insistentes reclamaciones no surtieron efecto, y al final el caso se resolvió en los tribunales, en la jurisdicción eclesiástica. Los máximos órganos judiciales de la Iglesia Católica sentenciaron en firme a favor de Aragón. De eso hace ya más de 10 años, pero la Diócesis de Lérida –con el activo respaldo del nacionalismo catalán y de la Generalitat- se ha negado sistemáticamente a cumplirlo.

El asunto ha acabado ahora en un nuevo pleito, en este caso en los juzgados civiles. Y la nueva maniobra del Obispado de Lérida ha colmado la paciencia del abogado de la Diócesis de Barbastro-Monzón, Joaquín Guerrero, quien no ha dudado de cargar contra el prelado catalán Salvador Giménez por entender inaceptables sus artimañas. De «rebelión» contra la propia justicia y el orden eclesiástico, de actitud «inaudita» y de maniobra «vergonzosa». Así ha tildado el abogado aragonés la estrategia que está intentando desplegar el obispo leridano, prelado que, al mismo tiempo, aboga ahora por un arreglo extrajudicial tras más de diez años en los que esta Diócesis catalana se ha negado sistemáticamente a cumplir las sentencias que se han dictado en su contra.

Al mismo tiempo, ante la indignación del Obispado de Barbastro, el prelado ilerdense dice ahora que, de las 111 piezas que componen los «bienes de la Franja», 88 son propiedad de su Diócesis, bienes catalanes a todos los efectos. Eso pese a que los tribunales de la Santa Sede hace años que determinaron en firme que no era así, que estaba probado que eran obras de arte aragonesas y que las 111 debían ser entregadas de nuevo a las parroquias oscenses de las que un día fueron sacadas. Hasta el Tribunal Supremo dio por probado hace tiempo que esas piezas eran aragonesas y que, por ello, era totalmente nula la catalogación que había hecho la Generalitat tiempo atrás, cuando las declaró piezas del patrimonio catalán.

El rifirrafe legal ha acabado en tensión subida de tono entre dos obispados en un asunto que lleva años comprometiendo a la propia Iglesia, al haber puesto en tela de juicio la eficacia de sus propios tribunales.

Ha sido precisamente la incapacidad del Vaticano para hacer valer sus sentencias ante el Obispado de Lérida la que ha hecho que el asunto haya saltado a los juzgados civiles. En febrero, 40 parroquias aragonesas demandaron al Obispado de Lérida por entender que está secuestrando ilegalmente esas más de cien obras de arte. El escenario en el que están retenidas es el Museo de Lérida, el mismo al que en diciembre tuvo que acudir la Guardia Civil –por orden del juez- para que volvieran a Aragón los «bienes de Sijena», otra valiosa colección de arte aragonés de la que se había apropiado la Administración catalana. En el Museo de Lérida son socios la Generalitat, el Obispado, el Ayuntamiento y la Diputación provincial ilerdenses.