Un sistema tributario comprensible y solvente, la gran asignatura pendiente

En el debate de Presupuestos de 2003, el entonces líder de la oposición, José Luis Rodríguez Zapatero, reprochó al ya ministro de Hacienda Cristóbal Montoro que el Gobierno de Aznar cosechara un déficit público nulo. «Con un Gobierno socialista, no habrá superávit mientras tengamos déficit social», aseveró Zapatero en la tribuna del Congreso de los Diputados. Ocho años después, en 2011 y en plena crisis financiera, Zapatero y su sucesor en el cargo Mariano Rajoy cambiaron la Constitución para asegurar el equilibrio presupuestario por Ley. Entonces la desviación pública estaba lejos del cero, se situaba en el 9 por ciento del PIB.

Frente a 2003, el debate ha cambiado. La cuestión ahora es cómo lograr una fiscalidad justa, que alivie a las clases medias trabajadoras, y que a la vez garantice la sostenibilidad del Estado del Bienestar.

El estallido de la burbuja se sintió en las cuentas públicas en forma de 60.000 millones de euros menos en recaudación tributaria entre 2007 y 2009. Mientras, el gasto se disparó por el aumento de las prestaciones por desempleo y de los intereses de deuda pública. Y el déficit se desbocó.

Esta crisis de las arcas públicas puso en evidencia varias deficiencias del sistema, que viene limitado por la necesaria rebaja del déficit público los próximos años. Pese a rebajarlo desde el 9 por ciento del Producto Interior Bruto de 2011 al 4,2 previsto para este año, España es el tercer país de la UE con una desviación más elevada.

Otro factor negativo que ha destacado en crisis es la distancia entre los tipos nominales y los efectivos, es decir, los impuestos que se pagan una vez que se restan las deducciones. Un fenómeno agravado por el fraude fiscal, donde España cuenta con un 18% de economía sumergida en el PIB, según el índice de Schneider. Este problema provoca que España tenga tipos de IRPF y de Sociedades más altos que la media europea pero recaude menos. Mientras, el IVA está en la media continental y la carga de la fiscalidad medioambiental es menor. Ello provoca que organismos internacionales como el FMI o la Comisión Europea vea con buenos ojos elevar impuestos indirectos -IVA, Especiales- y bajar otros tributos como las cotizaciones sociales.

La reforma fiscal ha intentado atajar estas deficiencias del sistema. Rebajó los impuestos a los trabajadores mediante una reducción de tipos de IRPF en enero y luego julio que ha hecho que la tarifa pase de una horquilla entre el 24,75% y el 52% de 2014 al 19% y el 45% actual. También redujo a las empresas el tipo nominal de Sociedades del 30% al 28% -que caerá al 25% el próximo año-. Y acortó la distancia entre los tipos efectivos y nominales eliminando deducciones. En la lucha contra el fraude, la Agencia Tributaria ha aumentado en los últimos años su recaudación a su máximo histórico, 12.318 millones el año pasado.

La mejora económica está consiguiendo cerrar la brecha de ingresos frente a la época de bonanza. IVA e IRPF, pese a la rebaja de impuestos, están cerca de lograr al mismo nivel recaudatorio que en 2007. Ambos han ingresado 53.658 millones y 62.004 millones respectivamente hasta octubre, lo que los acerca al nivel que cosechaban en 2007. No obstante, Sociedades aún tiene una distancia de 24.000 millones con sus mejores tiempos.

Sin embargo, como señala el Consejo General de Economistas, REAF-REGAF, la reforma fiscal «está incompleta»: aún queda la segunda parte, la del modelo de financiación territorial. Los asesores señalan que armonizar impuestos como Patrimonio y Sucesiones es una prioridad para luchar contra las distorsiones entre regiones y contribuir a que el sistema tributario sea más comprensible. El objetivo debe ser evitar que el ciudadano español coincida en su visión de la fiscalidad con el científico Albert Einstein, que señaló que lo más difícil de entender en este mundo «es el Impuesto sobre la Renta».