La similitud con la alta traición, clave para acceder a la entrega de Puigdemont
La decisión de la Fiscalía alemana abre el proceso para traer a España al expresidente catalán fugado
¿Por qué es decisiva la posición de la Fiscalía alemana hoy?
Porque está en sus manos solicitar a los jueces la entrega a España de Carles Puigdemont. De la Fiscalía dependerá que se tramite ante la Audiencia Territorial la petición del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena. Para ello habrá analizado el contenido de la euroorden y los delitos por los que España le reclama: rebelión y malversación. También decidirá si el expresidente de la Generalitat debe seguir en prisión mientras se tramita la solicitud o puede estar en libertad con algún tipo de medida cautelar para garantizar que no se fugará de Alemania.
¿Qué argumenta Llarena?
El magistrado defiende que los responsables del Gobierno presentes en la reunión previa al 1-O conocían sobradamente los riesgos de violencia después de los incidentes ocurridos el 20 de septiembre, cuando miles de personas intentaron boicotear la labor de la comisión judicial que realizaba los registros en la Consejería de Economía de la Generalitat. El planteamiento general de la reclamación es que junto con los demás procesados, Puigdemont actuó con la finalidad de obtener por una vía ilegal la independencia de Cataluña, asumiendo el uso de violencia.
¿Por qué Alemania tiene que estudiar la entrega y no acceder a ella directamente?
Porque ni la rebelión ni la malversación forman parte de la lista de 32 delitos en los que la entrega no se discute. Lo que hay que ver, por tanto, es la correspondencia en las legislaciones de los dos Estados miembros, es decir, la doble incriminación. El delito de malversación sí está tipificado en el Código Penal alemán; el de rebelión no aparece como tal, pero sí uno similar: alta traición contra la federación o contra un Estado (artículo 81) o incluso la preparación de una operación de alta traición (artículo 83).
¿Podría negarse Alemania?
El hecho de que Puigdemont fuera detenido en Alemania y no en Finlandia ni en Dinamarca ya es significativo. Al ser una decisión meramente judicial (la euroorden es un mecanismo de colaboración intrajudicial, de juez a juez, en el que los gobiernos no intervienen), los Ejecutivos de ambos países no pueden participar para garantizar la entrega. Es crucial que los jueces entiendan que los delitos por los que le reclama España también están castigados allí. También cabe la posibilidad de que se le entregue por uno de los dos delitos, en cuyo caso solo podría ser juzgado en España por el delito por el que se ha justificado la entrega.
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