Mariano Rajoy, este lunes, en París, donde acudió para participar en la cumbre del G-4
Mariano Rajoy, este lunes, en París, donde acudió para participar en la cumbre del G-4 - EFE

Rajoy y Sánchez hacen frente común ante la ley de desconexión catalana

Junts Pel Sí y la CUP registran la norma, que quieren aprobar antes de octubre, en el Parlament

«Los más radicales llevan las riendas de la política catalana», afirman desde La Moncloa tras conocer el anuncio

Madrid/París/BarcelonaActualizado:

Justo después de que el independentismo catalán registrase y diera a conocer en el Parlament su ley de desconexión territorial para una supuesta república independiente, el presidente del Gobierno y el líder del PSOE reforzaban su frente común ante el desafío soberanista y su nuevo paso hacia la ruptura de la legalidad.

Los partidos independentistas arrancaron ayer el proceso para la aprobación de la más importante de las conocidas como «leyes de ruptura», el texto que debe regular el tránsito legal de la Cataluña autonómica a la Cataluña estado en caso de que el «sí» se imponga en el referéndum que el soberanismo confía en poder celebrar el 1 de octubre.

Al igual que sucedió con la ley del Referéndum, por el momento la ley de Transitoriedad solo ha sido introducida en el registro del Parlament, sin que por ahora la Mesa la haya tramitado, paso imprescindible antes de ser llevada al pleno, y paso también imprescindible para que el Gobierno la pueda impugnar ante el Tribunal Constitucional.

En cualquier caso, los promotores de dicha ley -los grupos de Junts pel Sí y la CUP- dejaron claro que la misma debe ser aprobada antes del 1 de octubre, con objeto, señalaron, de que la población tenga conocimiento de qué sucederá después si se impone la secesión en Cataluña.

Respuesta coordinada

Coincidiendo con el resgistro, Pedro Sánchez le envió un mensaje a Mariano Rajoy para ver cuál era su disponibilidad para tratar el asunto, un mensaje que el líder del Ejecutivo respondió con una llamada telefónica. El secretario general del PSOE le ofreció al presidente «mantener una posición conjunta» y «dar una respuesta coordinada».

La conversación fue desvelada por el portavoz de los socialistas, Óscar Puente, que, tras la reunión de la Comisión Permanente de la Ejecutiva de su formación, explicó que Sánchez le manifestó a Rajoy su «rechazo frontal a este engaño y nuevo desafío al Estado de derecho». Ambos líderes políticos quedaron en seguir manteniendo «una comunicación fluida» sobre el asunto.

Desde el Gobierno también se quiso destacar la «buena sintonía» entre los dos mandatarios. Fuentes próximas a Rajoy resaltaron el buen tono de la conversación y su certeza de que el PSOE apoya al Gobierno en las medidas para impedir los planes de Puigdemont. Al mismo tiempo, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, habló con el número dos de Ciudadanos, José Manuel Villegas, en el mismo sentido. Desde el Ejecutivo se reconoció que el apoyo del PSOE y de Ciudadanos les da «tranquilidad». Con este acercamiento, el PSOE ha variado en cierto sentido su posicionamiento y cierra un poco más la puerta a una posible fractura con el Gobierno a la hora de enfrentarse al 1 de octubre. La primera vez que Sánchez buscó acercarse a Rajoy fue en mayo, cuando, a través de otra llamada telefónica, le trasladó que el PSOE se situaría «en la defensa de la legalidad y de la Constitución contra cualquier intento de romperla».

La segunda muestra de apoyo se produjo dos meses después, en julio, cuando los dos líderes mantuvieron en La Moncloa una reunión de dos horas y media en la que constataron su coincidencia sustancial ante el desafío soberanista. Pero en aquel encuentro Sánchez anunció que presentaría sus propias «iniciativas legislativas» si persistía una «falta de diálogo» entre el Ejecutivo y los independentistas. Ahora, el tono de este último acercamiento ha sido diferente. No solo no hubo ningún reproche por parte de los socialistas a la supuesta falta de diálogo, sino que incluso se elogió las réplicas del Gobierno a los diferentes órdagos secesionistas que fuentes de la cúpula del partido calificaron de «proporcionales y eficaces».

La respuesta ayer de Moncloa al registro de la ley de desconexión volvió a medirse mucho y se envió un mensaje rotundo a los independentistas: la ley de ruptura «puede ser anunciada tantas veces como quieran, pero nunca va a entrar en vigor».

De momento, el registro como tal de la ley no tiene efecto jurídico. Por ahora solo es «un documento político suscrito por grupos políticos». Será diferente cuando se admita a trámite por la Mesa del Parlamento catalán, y ahí el Gobierno actuará de forma inmediata, con su impugnación, como ha hecho en otras ocasiones. De momento, «todo siguen siendo anuncios», recuerdan en el Ejecutivo. De hecho, la ley del Referéndum, que supuestamente iba a ser calificada por la Mesa el 16 de agosto, sigue en el limbo.

Las fuentes del Gobierno consultadas pusieron de relieve la «paradoja» que supone que mientras en París las principales democracias de Europa, entre las que se encuentra España, se reunieron ayer para trabajar juntos contra el terrorismo y a favor de la libertad, «los independentistas han aprovechado para presentar una iniciativa ilegal para tratar de desconectar a los catalanes de España y de Europa».

Ni rastro de sensatez

Según La Moncloa, el anuncio «improvisado» que hicieron ayer «políticos de segundo y tercer nivel» entre los independentistas puso de manifiesto que «los más radicales llevan las riendas de la política catalana». «La Generalitat se ha rendido ante los planteamientos de un partido minoritario, radical y antisistema. La CUP está marcando todos los pasos políticos de las instituciones catalanas», advirtieron.

El Gobierno cree que a estas alturas en la Generalitat ya no queda ni el mínimo resto de «sensatez, moderación o responsabilidad institucional». «Su única estrategia es generar un estado constante de crispación y provocación», aseguran desde Moncloa.

El Ejecutivo esperará a que se califique la ley por la Mesa. «A cada paso que den hay una respuesta firme y legal», insistieron. «El Gobierno tiene la convicción de que forma parte de sus responsabilidades defender a los ciudadanos de Cataluña, piensen como piensen, frente a un grupo de radicales que solo quieren someter y silenciar a la mayoría».