Rafael Catalá destina 55,2 millones a solventar los fallos en la digitalización de la Justicia
Las deficiencias de plataformas como LexNet han provocado la reacción del Ministerio para evitar nuevas brechas en la seguridad
A finales de julio la aplicación informática LexNet, dedicada al intercambio seguro de información entre órganos judiciales y operadores jurídicos, sufrió una grave brecha en su seguridad. El decano del Colegio de Abogados de Cartagena José Muela fue quien detectó el fallo en la plataforma: cualquier usuario con acceso al programa podía acceder a cualquier carpeta alojada en él del resto de abogados de España.
El Ministerio de Justicia se vio obligado a parar el servicio durante unos días para solventar la brecha en la seguridad y mejorar la misma. Pero la plataforma LexNet no es el único problema para el ministro Rafael Catalá.
Jueces, fiscales y secretarios judiciales criticaron por entonces uno de los planes estrella del ministro, la digitalización de la Justicia, pidiendo, además, más medios, mejores sistemas y una gestión procesal común en todo el territorio español.
Después de esta vorágine de fallos y quejas, el Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes tres partidas presupuestarias por un total de 61,2 millones de euros para «la adquisición de equipamiento y contratación de servicios destinados a la mejora de los sistemas informáticos en el ámbito del Ministerio de Justicia». En otras palabras, para continuar avanzando con el plan de la Justicia Digital y solventar posibles problemas futuros.
Equipamiento para el Centro de Proceso de Datos
En cuanto al primero de los acuerdos alcanzandos, se destinarán más de 36 millones de euros a adquirir equipamiento para el Centro de Proceso de Datos de la Subdirección General de Nuevas Tecnologías de la Justicia.
Este equipamiento consistirá en adquirir «servidores físicos de alto y medio rendimiento y evolución de la plataforma de virtualización, la solución de almacenamiento de alto rendimiento en alta disponibilidad y la potenciación y ampliación de la capacidad de la plataforma de 'backup'»
Desde Justicia señalan que este equipo «resulta imprescindible» para la digitalización de la Justicia, uno de los planes estrella del ministro Catalá. Así, se destinará esta cantidad al Centro de Proceso de Datos debido al incremento del volumen de datos que se ha experimentado a consecuencia de la Justicia Digital, lo cual obliga al Ministerio a incrementar los recursos para tener una «infraestructura más robusta».
Dicho equipamiento está previsto que se entregue en un plazo no superior a dos meses, y será la empresa Hewlett-Packard Servicios España S.L. la encargada de proporcionarlo, tal como ha propuesto el Gobierno, por tratarse de la única compañía que dispone de las referencias necesarias en su catálogo.
Servicios de operación de las aplicaciones
En cuanto a esta segunda partida, el Ministerio de Justicia invertirá 19,1 millones de euros para la contratación, mediante procedimiento de licitación abierto, de «servicios de operación de las aplicaciones y servicios de la Administración de Justicia y de las infraestructuras tecnológicas y de comunicaciones asociadas a las mismas», lo cual equivale a que se mejoren los sistemas informáticos que utilizan los operadores jurídicos para evitar que ocurra un nuevo «caso LexNet» .
«Este contrato, que incluye el mantenimiento y las acciones preventivas, correctivas y evolutivas sobre el hardware y el software, tiene una duración de un año prorrogable durante un máximo de nueve meses. La finalidad es disponer de un servicio que permita la normal prestación de estas funciones simplificando la gestión y ejecutando los proyectos de actualización y mejora, así como la resolución de incidencias, peticiones o problemas», señala el acuerdo tras el Consejo de Ministros .
En consecuencia, tanto este como el anterior contrato se encuadran dentro de la necesidad de Justicia de mejorar los servicios tecnológicos que se prestan para poder garantizar un buen servicio «durante las 24 horas de todos los días de año».
Gestión procesal común
Por último, se aprobó en el Consejo de Ministros una partida de 6 millones de euros de crédito para las comunidades autónomas que tienen transferidas las competencias en materia de Justicia, es decir, 12 de ellas.
Esos 6 millones estarán destinados a mejorar las sistemas tecnológicos de los territorios, además de para fomentar la implantación de un sistema de gestión procesal común, que tanto vienen reclamando los operadores jurídicos para solventar las diferencias que existen entre CC.AA. y fomentar una mejor cooperación entre órganos .
La distribución de ese presupuesto en créditos se realizará en función de la población de derecho de cada comunidad, la litigiosidad registrada durante el pasado ejercicio y la planta judicial actual.
En definitiva, el Ministerio de Justicia ha tomado la decisión de atajar de raiz cualquier problema futuro que pudiera presentarse en las aplicaciones que utilizan jueces, fiscales, abogados, etc. Buscan con esto evitar que suceda un nuevo «caso LexNet», así como avanzar hacia un sistema más unificado y coordinado entre las comunidades autónomas.
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