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Pablo Iglesias y Pedro Sánchez, en la reunión que mantuvieron en el Congreso - JAIME GARCÍA

Podemos plantea al PSOE un programa de Gobierno que contempla el «derecho a decidir» de Cataluña

Pablo Iglesias propone disolver las diputaciones provinciales, a excepción de las vascas

Propone una Secretaría de Estado de Lucha contra la Corrupción dependiente del vicepresidente

Solicitará a Ciudadanos que apoye la investidura de Pedro Sánchez. Del PP no espera ninguna «colaboración»

Incluye un aumento del gasto público que en 2019 sea 96.000 millones superior al actual

Madrid Actualizado: Guardar
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Podemos ha presentado este lunes una propuesta programática de Gobierno para iniciar las negociaciones con el PSOE. Un documento de 98 páginas que incluye la reivindicación de celebrar un referéndum en Cataluña. [ Consulta íntegro el documento de Podemos (PDF)]

En tres párrafos, el documento señala que «la secuencia de acontecimientos que nos han traído hasta aquí hacen imprescindibles la convocatoria de un referéndum en Cataluña», con el objetivo de que «sus ciudadanos y ciudadanas puedan ejercer el derecho a decidir sobre el futuro político de Cataluña». Un referéndum que tendría una pregunta «única y clara».

El documento también contempla en el marco de la reforma territorial un cambio en la configuración del Senado, tanto del mecanismo de elección de senadores como para convertirlo en una cámara para el debate de las leyes autonómicas.

También contempla el texto la disolución de las diputaciones provinciales, a excepción de las vascas.

15 ministerios

La propuesta de Podemos incluye cómo debería estructurarse el Gabinete, con una presidencia, una vicepresidencia, que sería ocupada por el segundo partido con más votos de la coalición, y otros 15 ministerios, entre los que se incluye el ya anunciado de la plurinacionalidad. El reparto de ministerios debería ser proporcional, señala el documento.

Como factor novedoso destaca la Secretaría de Estado contra la Corrupción, dependiente de la vicepresidencia, y una Secretaría de Estado de Lucha contra la Violencia de Género, que dependería del Ministerio de Igualdad, que se estructura por separado, como defendía el PSOE.

Como vicepresidente, Pablo Iglesias asumiría también la supervisión del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y el Boletín Oficial del Estado (BOE), así como la Presidencia de la Comisión de secretarios y subsecretarios de Estado y la relación del Gobierno con las Cortes Generales. Igualmente, el partido morado plantea la creación de una Oficina de Derechos Humanos.

Estructura de ministerios

Podemos agruparía Economía y Hacienda en un único departamento de «Economía, Hacienda y Garantía Ciudadana». Cultura se desgajaría de Educación, que tendría también las competencias de Investigación, Desarrollo e Innovación, y también se crearía un nuevo departamento de Igualdad.

Además de la Secretaría de Estado de Lucha contra la Violencia de Género, propone otras de Municipalismo, Juventud, Infancia o Garantía Ciudadana. La Secretaría de Estado contra la Corrupción tendría como objetivo la implicación de la sociedad civil y de expertos en el compromiso contra la corrupción y para la transparencia institucional.

Según el documento de Podemos, implementará mecanismos preventivos existentes en las prácticas de la Administración con especial intervención y coordinación con la Oficina de Contrataciones Públicas así como con el Cuerpo de Interventores y Auditores del Estado. Coordinaría además aquellos agentes implicados en el descubrimiento e investigación de la corrupción, como policías, fiscales, jueces y órganos fiscalizadores de la Administración.

Apoyo de Ciudadanos

Podemos solicitará a Ciudadanos el apoyo para la investidura, además de a las formaciones catalanas y vascas ERC, Democracia y Libertad y PNV. La formación de Pablo Iglesias ha pedido en reiteradas ocasiones al líder del PSOE que deje de negociar con Ciudadanos un pacto de investidura como condición para sentarse a negociar con ellos.

Iglesias presentará su propuesta a PSOE, IU y Compromís, y en segundo lugar, a las formaciones a las que solicitarán «apoyo para la investidura», entre las que incluye al partido de Albert Rivera. Podemos también explica que en tercer lugar se lo remitirán al PP, un partido del que no esperan «ninguna colaboración parlamentaria».

Gasto extra de 96.000 millones

El partido de Iglesias propone un aumento del gasto público que en 2019 sea 96.000 millones superior al actual y recaudar, para esa fecha, 40.000 millones más mediante una reforma fiscal que recaiga sobre las «rentas más acomodadas» y sobre los «sectores de población de mayor patrimonio».

Podemos prevé revertir los recortes que se han hecho en España desde el año 2010 e implantar un programa de bienestar social y modernización económica, que incluya una renta garantizada y nuevas inversiones públicas, con una dotación de 24.000 millones de gasto anual.

Referéndum para operaciones militares

El partido morado plantea someter a consulta ciudadana la participación de las Fuerzas Armadas en operaciones militares internacionales, al tiempo que reclama auditar y revisar el convenio de Defensa con Estados Unidos sobre la presencia permanente de marines en la base aérea de Morón de la Frontera (Sevilla).

En lo que respecta a la gestión del Ministerio de Defensa, el partido morado quiere «terminar con las puertas giratorias» regulando las relaciones de este departamento y la industria. Además, propone «auditar, revisar y renegociar las adquisiciones con los contratistas para hacer viable el presupuesto del ministerio».

También aboga por reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial para «crear órganos especializados en materias disciplinarias y penales militares dirigidos por jueces integrados en los órdenes jurisdiccionales contencioso-administrativo», así como suprimir la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo.

Podemos modificaría también la Ley del Servicio Exterior para que «todos los nombramientos de Jefe de Misión (embajadores) sean sometidos al escrutinio parlamentario». En la actualidad, esa ley permite la comparecencia de los embajadores en el Parlamento solo después de ser nombrados para que informen del mandato que han recibido del Gobierno.

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