El fiscal cree que Munar se quedó con la mitad de los cuatro millones del soborno por la venta de un solar

El fiscal Anticorrupción Juan Carrau cree que la expresidenta del Consell de Mallorca y de la extinta Unió Mallorquina (UM), Maria Antònia Munar, habría cobrado como mínimo dos millones de euros de los cuatro millones que Sacresa entregó en 2006, como soborno, para garantizar que sería la empresa ganadora del concurso convocado por el Consell para la venta del solar de Can Domenge, ubicado en la capital balear.

Carrau ha anunciado este martes que mantiene la petición de cuatro años de cárcel y siete millones de euros de multa para Munar, por presunto cohecho, en el marco del juicio con jurado popular de la pieza separada del caso Can Domenge. La vista empezó ayer lunes en la Audiencia Provincial de Palma.

Cabe recordar que la pieza principal del caso Can Domenge, ya juzgada años atrás, se centró en la adjudicación irregular del solar del mismo nombre. Can Domenge fue vendido por el Consell de Mallorca a Sacresa hace diez años por 30 millones de euros, cuando su coste estimado era en aquel momento de unos 60 millones.

Por lo que respecta a la pieza separada que se está juzgando ahora, se quiere determinar en este caso si la propia Munar, el entonces vicepresidente del Consell Miquel Nadal y el entonces consejero insular de Territorio Bartomeu Vicens acordaron pedir cuatro millones de euros a Sacresa a cambio de garantizarle que sería la ganadora del citado concurso público. La idea originaria de la promotora era construir viviendas de lujo en Can Domenge, un proyecto que finalmente no se ejecutó.

Cinco encausados

En este juicio hay cinco encausados, los ya citados Munar, Nadal y Vicens, así como el dueño de Sacresa, Román Sanahuja, y el «transportista» del dinero y militante de UM, Miquel Llinàs. Con la excepción de la exlíder de UM, todos ellos habían reconocido ya en su momento que se produjo el citado soborno. Finalmente, Munar reconoció ayer lunes por vez primera, durante su declaración ante el tribunal, ese mismo hecho.

A preguntas del fiscal, Munar señaló ayer, entre lágrimas, que se encontraba muy arrepentida. «Perdón por todo lo que ha pasado», indicó. Con respecto a los citados cuatro millones, afirmó que no sabía cuánto de ese total cobró ella misma. El fiscal también le preguntó a la exlíder de UM de qué bienes dispone en estos momentos. Munar respondió que no tiene «absolutamente nada» y añadió que todos sus bienes han sido embargados. «Estoy muerta política, económica y socialmente», dijo con voz apagada y temblorosa.

Parte del soborno

Por su parte, el abogado de Munar, José Antonio Choclán, había comunicado ayer al jurado que su cliente había presentado un escrito en el que reconocía que efectivamente percibió una parte del citado soborno, razón por la que había decidido entregar 150.000 euros para intentar reparar el daño causado. Choclán pedía por ello una condena de sólo seis meses para Munar y que se le aplicasen en este caso las atenuantes de confesión, reparación parcial del daño y dilaciones indebidas.

Carrau ha rechazado este martes dicha petición. Aun así, ha reconocido que «escuchando ayer a la señora Munar es muy difícil no sentirse emocionado o sensible ante la situación». En cualquier caso, el fiscal ha pedido al tribunal que recuerde que hace una década Munar era «la jefa» y también quien controlaba «el dinero».

En la sesión de este martes ha declarado, en calidad de testigo, la inspectora de Policía que investigó el caso. Según ha explicado, era «obvio» que UM manejaba dinero negro y que Munar era considerada la «jefa», en un contexto en el que el modo de actuar podría ser considerado como «muy mafioso».

En el turno de última palabra, Munar ha dicho que sentía «mucho» lo que había pasado y ha vuelto a pedir perdón. «Maria Antònia Munar es una cosa y Unió Mallorquina otra», ha apostillado. Tras las comparecencias de todos los acusados y de los diferentes testigos, el juicio ha quedado visto para sentencia.

Durante dos días Munar ha abandonado por unas horas el centro penitenciario de Palma, en donde desde julio de 2013 está cumpliendo dos condenas por corrupción que suman un total de once años y medio de prisión. En concreto, seis años de cárcel por los delitos de fraude y revelación de secretos por la pieza principal del caso Can Domenge, así como cinco años y seis meses de prisión por los delitos de prevaricación, malversación, fraude y falsedad en el marco del caso Maquillaje, en el que se investigaba un presunto desvío de fondos públicos por parte del Consell de Mallorca a través de subvenciones irregulares.