El Congreso reprueba a Catalá, Maza y Moix

El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado esta tarde la reprobación del ministro de Justicia, Rafael Catalá, del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, y del fiscal Anticorrupción, Manuel Moix. Lo ha hecho con toda la oposición unida contra el PP. También con los votos a favor de Ciudadanos y del PNV, socios presupuestarios del Gobierno, pero que una vez más apuestan por demostrar que su alianza con el Ejecutivo no es sólida. El resultado de la votación fue de 207 a favor de la reprobación y 134 en contra.

Las repercusiones de la reprobación se medirán así en términos de imagen. El daño no es en todo caso pequeño ya que ningún ministro en pleno ejercicio de sus funciones ha sido reprobado por el hemiciclo desde que comenzó la democracia.

Solo existen dos precedentes de reprobación de miembros del Gobierno. El exministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, pasó por este trance pero lo hizo en comisión y cuando ya se encontraba en funciones. Y la extitular de Fomento, Magdalena Álvarez, encajó este reproche pero en el Senado.

La iniciativa ha partido del PSOE y ha contado con el apoyo de todos los grupos parlamentarios salvo el PP. «Seis meses después de que comience la legislatura, Rajoy tiene a su ministro de Justicia bajo sospecha, tocado y hundido democráticamente por el rechazo mayoritario del Congreso», ha subrayado el portavoz parlamentario socialista, Antonio Hernando.

Junto a Catalá, han sido reprobados el Fiscal General, José Manuel Maza, y del Fiscal jefe anticorrupción, Manuel Moix. Para los socialistas ninguno de estos tres nombres «tiene credibilidad para seguir en los puestos en los que está», mientras los demás partidos de la oposición coincidieron en acusarles de generar sospechas «insoportables» sobre intervención política en la investigación del caso Lezo. El texto de la moción exigía a Catalá la asunción de responsabilidades políticas «como consecuencia de las maniobras que se han producido en el seno del Ministerio Fiscal dirigidas a obstaculizar determinadas causas judiciales contra la corrupción y de las propias actuaciones del Ministro en relación con estas causas».