La Audiencia Nacional rechaza dejar en libertad a Ignacio González

El expresidente regional Ignacio González no saldrá por el momento del centro penitenciario de Soto del Real, en el que se encuentra cumpliendo prisión provisional desde el pasado 21 de abril. Así lo acordó este viernes la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que desestimó el recurso interpuesto por su representación procesal contra el auto que acordó la medida cautelar.

La resolución considera que el riesgo de fuga, de ocultación de pruebas y de obstaculización de las actividades de investigación justifican su estancia en prisión.

Los abogados de González habían solicitado que la medida fuera sustituida por otra menos gravosa al considerar que su arraigo en España, «donde reside con su esposa y sus tres hijas de las que precisa apoyo», además de ser «una persona notoriamente conocida, lo que hace imposible la huida», y las «numerosas detenciones, registros e incautación de material» que se han realizado aconsejaban su puesta en libertad.

Además, apelaron a su insuficiencia económica para justifiar el alzamiento de la medida.

Sin embargo, la Sala tumbó todos sus argumentos alegando que la necesidad de apoyo familiar no minimiza el riesgo de fuga. Además, señaló que si bien la notoriedad pública de González le dificultaría sustraerse de la acción de la justicia en España, no ocurriría lo mismo en otros países que tienen «un menor nivel de cooperación policial y judicial» con el nuestro. Y recordó que en una conversación telefónica intervenida al consejero de «La Razón» Edmundo Rodríguez, este aseguraba que González tenía escondido «dinerillo B». A mayores, el tribunal señaló que podrían existir fondos ocultos procedentes de las actividades presuntamente ilícitas de González a las que podría retornar de quedar en libertad.

Según recoge el auto, González pertenecía, presuntamente, a una compleja organización criminal de la que habría recibido una comisión de 1,4 millones de euros por la adjudicación irregular del tren de Navalcarnero. Además, habría participado en la expansión del grupo societario Canal de Isabel II por Sudamérica, adquiriendo de forma ilegal empresas y obras. También se le relaciona con la adjudicación fraudulenta de Gold Canal y con la presunta financiación irregular del Partido Popular de la Comunidad de Madrid.

Además, este viernes la Audiencia Nacional también desestimó el recurso interpuesto por la exdiretora del Canal, María Fernanda Richmond, contra el auto que ordenó su ingreso en prisión provisional por haber adquirido a «un precio muy superior a su valor, con irregularidades como ir en contra de la opinión de auditores independientes o mediante el pago de comisiones prohibidas» la entidad Emissao. No osbtante, el tribunal le permitió alzar la medida con el abono de una fianza de 4 millones de euros, si bien su defensa la considera «desproporcionada».

Según explica el auto, persisten en su persona riesgos de ocultación de pruebas, obstaculización de las actividades de investigación judicial y fuga que desaconsejan su puesta en libertad.