El PP no descarta que los presupuestos se tramiten con «agostidad»

El Partido Popular no descarta aprobar los presupuestos generales del Estado para 2016 con «agostidad», aprovechando incluso el mes más caluroso y tradicionalmente vacacional para tramitarlos. Así lo han señalado distintas personalidades populares durante las últimas horas, aunque todas señalan que será la próxima semana cuando se fije el techo de gasto y se cierre definitivamente el calendario en relación con los presupuestos.

Pablo Casado, vicesecretario de Comunicación del PP, avanzó lo que ha había aclarado el presidente Rajoy: que la intención es presentar los presupuestos antes del 30 de septiembre. Recordó, en todo caso, que todo es «viable» porque los «meses de verano se pueden hacer hábiles a efectos de tramitación parlamentaria».

También el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ha asegurado que su grupo está dispuesto a tramitar el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2016 en los términos que decida el Gobierno, aunque eso implique habilitar el mes agosto y trabajar durante el verano para que la norma quede aprobada antes de convocar elecciones generales y disolver las Cortes.

Los plazos parlamentarios obligan a dedicarle a la tramitación de estos presupuestos en las dos Cámaras un mínimo de siete semanas. Eso supondría, para dejar las cuentas aprobadas antes de disolver las Cortes, que las comparecencias de los máximos responsables de los ministerios se produjeran a principios de agosto. A continuación vendría el debate de totalidad, y dos semanas para estudiar en comisión y en pleno las enmiendas parciales, a las que sumar otras dos para la tramitación en el Senado y una última para la aprobación final del Congreso.

Esta decisión, adelantó Hernando, en cualquier caso la tiene que tomar el presidente Rajoy, aunque en el PP consideran que esta es una «responsabilidad de Gobierno». Criticó que el último gobierno del PSOE, en 2011, convocó las elecciones sin presentar las cuentas para 2012, lo que supuso «una decisión muy negativa» para ayuntamientos y comunidades.

La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría aún recuerda, según explicó este jueves, que cuando llegaron al gobierno a final de año y se encontraron sin presupuestos, tuvieron que aprobar un decreto de medidas urgentes que les obligó a trabajar hasta las 5 de la madrugada.