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Pablo Ruz, en una imagen de archivo - Jaime García

Ruz vuelve a solicitar a Hacienda un informe sobre las supuestas donaciones que recibió el PP en B en 2008

El magistrado, que recuerda a la Agencia Tributaria su obligación de colaborar, se dirige directamente a la inspectora jefe de la oficina antifraude

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El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha vuelto a solicitar a Hacienda que le aporte los datos fiscales del Partido Popular del año 2008 para determinar si existió un supuesto delito fiscal por dejar de tributar de forma adecuada las supuestas donaciones que recibió la formación y que aparecen anotadas en los denominados «papeles de Bárcenas», una causa que instruye el magistrado.

En un auto, el juez reitera el requerimiento que ya realizó a la Agencia Tributaria en los mismos términos el pasado 25 de febrero a través de una providencia. Es decir, pide «el cálculo de la tributación que eventualmente habría de corresponder al PP por el impuesto de sociedades en el ejercicio de 2008, en relación a las aportaciones en concepto de donaciones anotadas en los llamados papeles de Bárcenas».

En esta ocasión Ruz, que da cinco días a la Agencia Tributaria para que le aporte los datos, se lo requiere directamente a la inspectora jefe de la oficina antifraude, Margarita García Valdecasas, como coordinadora del auxilio judicial, y añade a la petición que establezcan las obligaciones fiscales respecto al IVA del PP por los pagos realizados a la empresa Unifica por las reformas que llevó a cabo en la sede del partido con la supuesta «caja B».

Esta petición llega después de que el juez conozca la opinión del fiscal. Ambos coinciden en señalar que la colaboración de la Agencia Tributaria con los tribunales es obligada según las normas españolas. Por ello, rechaza la respuesta anterior dada por la responsable de la ONIF, quien respondió que las donaciones estaban exentas, por «infundada», explica el juez, ya que parte de un deficiente entendimiento del contenido y alcance de la labor auxiliadora a la instrucción que legalmente le corresponde a la AEAT, «además de revelar una errónea comprensión de la naturaleza de la función instructora en sede jurisdiccional penal». Si no se hace así, se privaría al juez instructor de la dirección de la investigación en los términos previstos en la ley.

Además, el magistrado considera que es una diligencia «útil, necesaria, idónea y posible» para esclarecer los hechos que se investigan, puesto que la formación política no ha presentado su declaración del impuesto de sociedades de dicho ejercicio 2008 y es una petición que «no ha sido objetivo de previo requerimiento o petición de auxilio». Ruz recuerda que esta información es necesaria para valorar la posible exención o no de las supuestas donaciones de las que habría resultado beneficiario el Partido Popular en 2008.

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