Nuevo Código Penal: Los corruptos no quedarán en libertad sin devolver el dinero

Los condenados por delitos de corrupción no podrán acceder a la libertad condicional mientras no devuelvan el dinero sustraido a las arcas públicas. Es una de las medidas del paquete de regeneración democrática incluidas en la reforma del Código Penal, que después de un año y tres meses de tramitación parlamentaria y casi 900 enmiendas presentadas, inicia hoy su recta final en el Congreso de los Diputados, donde será aprobado en el Pleno de la próxima semana.

Las enmiendas, de las que se han aprobado o transaccionado un tercio del total, proponen la modificación de diecisiete delitos en los que puede incurrir el funcionario, autoridad pública o quienes traten de corromperlos.

Prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraudes o negociaciones prohibidas a funcionario...

En todos estos casos el nuevo Código Penal incrementará la duración de las penas de inhabilitación, se impedirá que durante el tiempo de condena se pueda optar a un cargo electivo, y en los supuestos más graves, los que llevan aparejada una inhabilitación de al menos 10 años, la prescripción del delito se eleva a quince años.

También en relación con la regeneración democrática, y en aras de la transparencia, la nueva ley penal obligará al Gobierno a remitir semestralmente al Congreso un informe sobre la concesión y denegación de indultos, según ha podido saber ABC de fuentes parlamentarias. Los grupos podrán aclarar cualquier cuestión relativa a la concesión de esta medida de gracia durante la comparecencia del ministro o de algún otro «alto cargo de Justicia» ante la Comisión de Justicia de la Cámara Baja.

Financiación ilegal

Las enmiendas que debatirá hoy esta comisión (y que se someterán a votación mañana) proponen añadir al Código Penal dos nuevos delitos relacionados con la financiación ilegal: recibir donaciones o aportaciones destinadas a un partido político, federación, coalición o agrupación de electores con infracción de la ley de financiación de partidos, y participar en «estructuras u organizaciones» cuya finalidad sea la financiación de partidos al margen de lo establecido en la ley.

Al margen de las medidas de regeneración democrática, también se aprobarán modificaciones importantes en materia de terrorismo que van más allá de las medidas concretas que el Gobierno negocia con la oposición para combatir el yihadismo y que se pondrán en marcha de forma inmediata, previsiblemente en febrero. Las más significativas son la de desvincular la definición de terrorismo de la organización terrorista propiamente dicha para dar cabida a individuos que actúan por su cuenta, elevar las penas del delito de enaltecimiento del terrorismo, considerar como supuesto agravado el hecho de que el delito se lleve a cabo a través de la redes sociales, o incorporar la inhabilitación especial para que condenados por delitos de terrorismo puedan desempeñar profesiones o actividades relacionadas con la enseñanza.