¿Por qué impugna el Gobierno el simulacro de consulta de Mas?

El Gobierno impugnará el sucedáneo de consulta del presidente de la Generalitat, Artur Mas. Para ello, ayer mismo pidió al Consejo de Estado el informe preceptivo para llevar al Tribunal Constitucional este nuevo «proceso de participación ciudadana» al considerarlo un fraude de ley.

La idea es que el Consejo de Ministros del próximo viernes autorice al presidente del Gobierno a recurrir las nuevas actuaciones que ha llevado a cabo Mas desde la suspensión de la ley de Consultas. Por este motivo, el Ejecutivo ha pedido al Consejo de Estado que elabore su informe con la mayor urgencia posible.

Participación ciudadana

El Gobierno ya recabó la opinión del Consejo de Estado sobre el título III de la ley de Consultas, que incluye los artículos sobre procesos de participación ciudadana en los que se basa el simulacro de consulta del 9-N.

El órgano consultivo explicó que había que tener en cuenta qué uso se le daba. Por ejemplo, si su propósito se ajusta a las competencias autonómicas.

Soberanía nacional

En ese informe del Consejo de Estado, se recordaba una sentencia del TC según la cual «el respeto a la Constitución impone que los proyectos de revisión del orden constituido, y especialmente de aquellos que afectan al fundamento de la identidad del titular único de la soberanía, se sustancien abierta y directamente por la vía que la Constitución ha previsto para esos fines». «No caben actuaciones por otros cauces ni de las Comunidades Autónomas ni de cualquier órgano del Estado, porque sobre todos está siempre la voluntad del pueblo español». Por tanto, y según el TC, hacer lo contrario sería fraude de ley.

Pruebas contra el simulacro

El Gobierno ya tiene las pruebas contra la nueva consulta de Mas. La Abogacía del Estado impugnará el edicto que incluye un fichero de participantes del 9-N. Hay otras pruebas, como las misivas enviadas a ayuntamientos, la información de la Generalitat en la web o la autorización del Gobierno autonómico para que abran los centros docentes.

El aviso de Rajoy

«Tengan la absoluta certeza de que si hay la más mínima vulneración de la ley iremos al TC», advirtió el viernes. El proceso estaba en marcha.