El sistema público de la factura electrónica da el salto a las empresas privadas

El sector privado trata de implantar el sistema público de facturación electrónica. La CEOE, Repsol, Seopan, Farmaindustria y otras organizaciones empresariales han constituido con las administraciones un grupo de trabajo para la implantación del sistema público de factura electrónica (a través del punto de acceso Face) en el sector privado. Las administraciones emitieron el año pasado y el anterior 13,89 millones de facturas por valor de 70.000 millones de euros. El ahorro frente al papel, según la patronal de las empresas tecnológicas, Ametic, es de 4,95 euros por factura. Por tanto, desde que se implantó Face el ahorro alcanza los 85 millones, al haberse emitido 17 millones de facturas desde entonces.

Endesa, Gas Natural y ATA también se han interesado en el proyecto, apuntan desde Hacienda.

El objetivo es que la factura electrónica, que ahora se aplica entre administraciones y proveedores, también cubra las transacciones de grandes empresas y pymes.

Para ello, se está trabajando en un proyecto piloto con compañías para que pueda dar el salto al sector privado en 2018. Una de las soluciones que se barajan es utilizar a las empresas públicas como puente, obligando al uso de la factura electrónica en ellas para que después se extienda al resto.

La factura electrónica era un viejo proyecto del Ministerio de Hacienda que comenzó en 2007, aunque quedó aparcado hasta 2013. Es entonces cuando el Gobierno aprobó la ley de impulso de factura electrónica. El seguimiento por parte de Hacienda del pago a proveedores de las administraciones, a raíz de la ley de Estabilidad, impulsó el proyecto. Por ejemplo, Face se convirtió en un pilar para que el Ejecutivo controlara en 2016 que Cataluña no destinara los recursos del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) a la causa independentista en lugar de a proveedores y servicios públicos.

Uso gratuito y acceso libre

El diseño tecnológico de la factura electrónica también ha ayudado a su éxito. «Su uso es gratuito, de acceso libre y es multisector. Es una facturación inteligente y automática, que permite la trazabilidad. La introducción de un sistema de directorio y de nodos, para saber dónde y cómo remitir la factura, también ha ayudado a aumentar el ahorro», describe Domingo Molina, secretario general de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del Estado. Correos colabora en el desarrollo del sistema de cara a su ampliación.

La Administración española se ha convertido en pionera en Europa al haber implantado la factura electrónica en todas las administraciones. La directiva de facturación electrónica en la contratación pública obliga a los estados a implantarla para 2018 pero España va por delante. Ante esto, los países miembros discuten el futuro modelo de facturación electrónica europeo y el formato español podría dar el salto. «España, por haber extendido el modelo a 8.000 administraciones, es el país con más autoridad junto a los estados nórdicos. Alemania y Francia defienden que un PDF es una factura electrónica, pero nosotros y los escandinavos abogamos por el formato XML que ahorra más costes», explica Aitor Cubo, subdirector de impulso de la Administración digital y servicio al ciudadano.

La experiencia favorable de "más de 100.000 empresas" con la Administración a través de la factura electrónica han llevado a CEOE a remitir una misiva a la comisaria europea de Mercado Interior, Elzbieta Bienkowska valorando «muy positivamente» la experiencia y abogando por el formato que defiende España.