«Los sindicatos no pueden sustituir en Cataluña lo que hace la política»
Entrevista con Unai Sordo, Secretario general de CC.OO.
A punto de cumplir un año al frente de CC.OO., Unai Sordo, de 45 años, ha sido el segundo secretario general más joven que ha tenido este sindicato, tras Antonio Gutiérrez. En esta entrevista, en vísperas del 1 de mayo, repasa sus objetivos prioritarios: que los salarios recuperen poder adquisitivo, que se garantice el sistema público de pensiones y que mejorer la calidad del empleo.
–¿Qué poso le ha quedado tras la manifestación independentista de Barcelona convocada por CC.OO. y UGT?
– Si el sindicalismo puede jugar en Cataluña un papel de vetebración de una sociedad que se ha polarizado en exceso y se ha fragmentado de alguna manera, y si es capaz de reconducir esta situación, vale la pena intentarlo. Sabiendo que lo que el sindicalismo y otros movimientos sociales puede hacer en Cataluña en ningún caso puede sustituir lo que tiene que hacer la política. Esta es la clave, que los partidos políticos se pongan de acuerdo para salir de la dinámica del procés y se metan en otra de negociación y colaboración política. Esto requiere de un gobierno de la Generalitat y que se retire el artículo 155. Hay que abrir una negociación, primero entre los partidos catalanes y, después, con el Gobierno de Rajoy. No va a ser nada sencilla, pero me parece fundamental. La intención del sindicato es favorecer este nuevo escenario y, en la medida en que somos la mayor organización social en Cataluña, donde tenemos 140.000 afiliados, y representamos la diversidad de la sociedad catalana, podemos colaborar en tender puentes.
–¿Dirigentes del sindicato del resto de España le han mostrado su malestar por el protagonismo de CC.OO. en la manifestación?
–Hablamos habitualmente, tenemos grupos de WhatsApp. Claro que hablamos de ese tema, es una cuestión muy sensible que genera dudas y puntos de vista matizados. Esto no lo ve todo el mundo igual en el resto del país. Con matices y hablando las cosas, creo que hemos hecho una resolución muy equilibrada que deja las cosas claras, que habla de lo compatible que es el respeto a la actuación de la justicia y, al mismo tiempo, considerar que ha habido excesos judiciales con la tipificación de algunos delitos y la utilización de la prisión preventiva. Esa resolución, conjunta con UGT, fue aprobada por el consejo confederal donde están representadas todas las federaciones autonómicas.
–El presidente de CEOE ha criticado duramente el papel de los sindicatos en la negociación colectiva.
–CEOE está tratando de ocultar su incapacidad para concretar en propuestas lo que creo que es un análisis no solo de los sindicatos, como es una mejora generalizada de los salarios en España. Ya lo ha dicho el BCE, el FMI, la Comisión Europea. No solo es redistribuir la riqueza que se crea en el país, que crece al 2,8% desde hace cuatro años y produce más bienes y servicios que antes de 2008. Todo esto hay que concretarlo en un acuerdo salarial que mande un mensaje inequívoco: recuperar el poder adquisitivo de los salarios, que han perdido un 7% entre 2008 y 2015. Y como CEOE no se atreve a reflejar esto en una propuesta, lo que hace es tirar al contrario, acusándonos de una posición rígida que en ningún momento comparto. En la propuesta que hemos hecho de forma conjunta CC.OO. y UGT hacemos una referencia explícita a que una parte de la subida se ligue a la productividad de las empresas y sectores, que ha sido una demanda histórica de la CEOE. Ahora resulta que no se ve con buenos ojos y hablan del absentismo y otras cuestiones. CEOE está haciendo regates en corto y juego de trileros. Más allá de su discurso, la cuestión de fondo es hacer un llamamiento a la corresponsabilidad de CEOE con la situación del país.
–¿Es posible un acuerdo o se repetirá el fracaso del verano pasado?
–Sí que es posible, desde estos parámetros de recuperación de poder de compra y que tiene que llevar un anexo, una mejora especial de los salarios más bajos. La devaluación se ha cebado con el 20% de las personas que menos cobran. El acuerdo en el que dimos un empujón al salario mínimo interprofesional hasta los 850 euros tiene que tener una corresponsabilidad en los convenios colectivos con salarios mínimos de 1.000 euros y un incremento mayor de los salarios más bajos.
–El acuerdo del Gobierno con el PNV para ligar la subida de las pensiones al IPC está respaldando su petición de que la revisión salarial incluya una cláusula ligada a la inflación.
–Se demuestra que lo que un día aparentemente es imposible, de repente, cuando el Gobierno tiene un apretón político, aparece otra vez en el escenario. No obstante, el acuerdo nos parece insuficiente porque no resuelve el problema de fondo, que es mejorar la estructura de ingresos y eliminar la reforma de 2013 . Es un acuerdo que da una patada a seguir durante dos años para salvar una conyuntura política.
–¿Se sienten ninguneados por el Gobierno tras ese acuerdo con el PNV sobre las pensiones?
–Nadie en este país puede negar que el movimiento del Gobierno e incluso del PNV en materia de pensiones tiene que ver con el intenso proceso de movilizaciones que ha habido. Y seguramente no es casualidad que esas movilizaciones hayan sido especialmente intensas en el País Vasco. Claro que el acuerdo es una respuesta a una movilización potente de los sindicatos. No se trata de sentirse ninguneados o de celos, esto va de que hay que asumir con sentido de Estado la importancia de recuperar un pacto de Estado en torno a las pensiones. El problema es que una vez más, se han llevado unas medidas tan sensibles y estratégicas a los elementos de coyuntura política y de negociación con quien aritméticamente da una mayoría para sacar adelante los Presupuestos. Para nada demonizo el acuerdo con el PNV, esa no es la cuestión; el problema de fondo es volver a recuperar un consenso de Estado para garantizar la suficiencia del sistema público de pensiones durante las tres próximas décadas. Esto no se resuelve con regates en corto, sino con una visión estratégica sobre cómo mejorar los ingresos del sistema y cómo se revierten medidas que se hicieron para que las pensiones caigan de forma muy importante. La pregunta es cuánto quiere gastarse el país en pensiones.
–¿Cómo debería financiarse el sistema público de pensiones?
–La base de la financiación son las cotizaciones sociales, que tienen que ver con la creación de empleo y mejores salarios y, adicionalmente, hay que introducir otros recursos al sistema que pueden proceder de los Presupuestos. A corto plazo podrían destoparse las bases máximas de cotización, imputar los gastos corrientes de la Seguridad Social a los Presupuestos, la subida de los salarios mínimos mejorará la recaudación, tocar algún punto en las bases de cotización, así como, por ejemplo, sacar las bonificaciones a la contratación e imputarlas a políticas de empleo, no a la caja de la Seguridad Social.
–El objetivo de los sindicatos es autofinanciarse. ¿Es partidario de recibir también recursos públicos?
–La actividad ordinaria del sindicato, de presencia en las sedes y de visita y organización en las empresas, debe financiarse con recursos propios, es decir, cuotas y asesorías. Los recursos propios garantizan la autonomía del sindicato. Dicho esto, el país tiene que hacer una reflexión. Nosotros tenemos un modelo de relaciones laborales donde el sindicalismo ejerce una representatividad que nos la dan los trabajadores en las elecciones sindicales y tenemos un sistema en el que, por ejemplo, los convenios colectivos que suscriben los sindicatos se apliquen a todos los trabajadores, estén o no afiliados. Ejercemos una función de interés reconocido por la Constitución que trasciende del perímetro de nuestra afiliación. Y si queremos mantener este modelo, no es ninguna locura que las organizaciones sindicales tengan reconocido una financiación externa para sostener esa actividad que trasciende a la afiliación. No comparto la idea de demonizar que los sindicatos podamos tener acceso a recursos públicos, transparentes, fiscalizados, en función de la representatividad, etc... Es perfectamente compatible. Hay que hacer mucha pedagogía. ¿Qué pasaría si los partidos se financiaran solo con las cuotas de sus afiliados? O es inviable o, aún peor, serían financiados seguramente de formas poco claras.
–¿Qué porcentaje del presupuesto de la organización se cubre ya con la afiliación y otros recursos propios?
–Entorno al 80% de la estructura de ingresos y de gastos de la organización son recursos propios.
–¿Cree que todos los trabajadores que se benefician de un convenio firmado por los sindicatos también deberían pagar una cuota?
–No soy partidario de una financiación ligada a acuerdos. Prefiero que sea por la representación que ejercemos. Porque en el primer supuesto, podría existitir un incentivo perverso y para llegar a un acuerdo aunque no fuese bueno y esto no lo vamos a consentir.
–¿Veremos a corto plazo una mujer al frente de uno de los grandes sindicatos?
–Tenemos secretarias generales en Andalucía, Extremadura y País Vasco. A corto plazo, no, pero seguro que llegará. Tenemos 406.000 mujeres afiliadas y que en el último año la afiliación femenina ha crecido más de un 4%. Nuestra ejecutiva es paritaria. Incluso, si se excluye al secretario general, hay una mujer más que hombres. También han ido asumiendo responsabilidades que habitualmente siempre eran de hombres, como acción sindical, comunicación y finanzas. Claro que queda por hacer. Aguas abajo, tenemos muchas organizaciones donde aún hay que dar un salto para la incorporación de mujeres a los puestos de mayor responsabilidad. Tiene que ver con el mercado laboral. Si las mujeres tienen vidas laborales más discontínuas y condiciones más precarizadas, tienen más dificultades para incorporarse a la acción sindical. Esto exige cambiar el mundo del trabajo y pautas internas nuestras.
–En los últimos meses se observa un cierto distanciamiento entre CC.OO y UGT.
–En los grandes temas, en general, tenemos una opinión bastante compartida. Evidentemente, tenemos matices de cierta importancia porque somos dos organizaciones distintas. En las grandes estrategias, la visión es muy compartida . Pero la unidad de acción no quiere decir ni unidad orgánica ni que seamos la misma organización.
–Los sindicatos se vieron envueltos hace años en sonados escándalos. ¿Desde su llegada a la secretaría general se ha encontrado con algún caso?
–No. El sindicato, o es un proyecto absolutamente ético o pierda muchísima legitimidad. Los casos que están abiertos hay que juzgarlos. La actitud del sindicato está alejada de cualquier foco de corrupción.
La aparición del video de Cifuentes «me ha dejado muy mal cuerpo»
–¿Qué opina del caso Cifuentes?
–Aunque estaba muy tocada y tenía que haber tomado una decisión hace tiempo y como ella ha dado a entender que ha sido víctima de una trama de corrupción, hay unas interrogantes que convendría aclarar, como a quién se refiere. Estaba amortizada tras su pésima gestión del caso máster, pero me ha dejado muy preocupado el último capítulo. Tiene pinta de ser un ajuste de cuentas que huele mal y me ha dejado muy mal cuerpo la aparición de un video que tenía que estar borrado hace casi siete años. No es que todo valga, es que como secretario general de CC.OO. y como ciudadano me quedo bastante perplejo y preocupado de que ocurran estas cosas, esta sensación de lodazal en la que se ha convertido una parte de la política en la Comunidad de Madrid. Hace falta una regeneración rápida. Han sido bastante rastreros los últimos episodios.
«No soy partidario de crear impuestos para pagar pensiones»
–Aunque se puede ver dentro de un menú general de cómo mejorar los ingresos, no soy partidario de crear impuestos «ad hoc» para financiar las pensiones , sino de hacer una profunda reforma fiscal. España tiene una presión fiscal 6 puntos por debajo de la media de la zona euro. No hablamos de subir los tipos nominales de los impuestos, sino de eliminar las mil fórmulas de elusión fiscal que existen para que la recaudación real se aproxime a los tipos nominales. El ejemplo más típico es el impuesto de Sociedades, donde las empresas, sobre todo las más grandes, tienen una capacidad de ingeniería financiera que les lleva a pagar infinitamente menos impuestos en términos proporcionales que una nómina, un autónomo o una pequeña empresa.
