La Fiscalía apoya que se investigue a la cúpula de Abengoa por administración desleal

El derrumbe de Abengoa llega a los muros penales. La Fiscalía de la Audiencia Nacional apoya que se investigue a la antigua cúpula de la empresa energética, el expresidente Felipe Benjumea y el exconsejero delegado Manuel Sánchez Ortega, por un posible delito de administración desleal. Dos bonistas se querellaron contra ambos dirigentes por enriquecerse antes de "salvar" a los inversores.

En un escrito enviado a la juez Carmen Lamela, el Ministerio Público asegura que la gestión de Benjumea y Sánchez Ortega podría constituir el delito de administración desleal, al que habría que añadir el de uso de información privilegiada en el caso del exconsejero. La Fiscalía pide por ello que la querella se admita a trámite y se abra una investigación penal contra ambos en la Audiencia Nacional.

Los querellantes, que calificaban de "horrible" la gestión de la compañía, aseguran que Benjumea y Sánchez Ortega cobraron millonarias indemnizaciones "cuando conocían la auténtica realidad económica financiera de la empresa", que se asomaba al abismo. Aún así, prefirieron buscar su lucro que salvar a los inversores, dicen. Benjumea cobró 11,4 millones de euros; Sánchez Ortega, 4,4 millones.

La querella denuncia, además, que el ex consejero delegado se benefició de esta información al ser contratado por el fondo de inversión Blackrock, uno de los más grandes del mundo, desde el que habría adquirido a la baja acciones de Abengoa, conociendo que se la firma energética se iba a venir abajo.

La Fiscalía considera pertinentes las diligencias solicitadas por los bonistas, que reclamaron que Abengoa aporte información sobre las indemnizaciones, así como diversa documentación de la CNMC y de Deloitte, y que después se cite a declarar en la Audiencia Nacional a los dos "en su calidad de investigados".

La investigación es competencia de la Audiencia Nacional, argumenta la Fiscalía, porque el supuesto fraude "produciría grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil", ya que la empresa tiene "trascendencia nacional en el ámbito energético"; y porque la cuantía de la defraudación podría afectar "a la economía nacional".