Las aseguradoras se ofrecen a pagar un supervisor autónomo con el doble de presupuesto que ahora

Las aseguradoras llevan años reclamando que la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (Dgsfp) deje de depender orgánicamente del Ministerio de Economía y sea dotada de más recursos. Además, la patronal Unespa ha reiterado en numerosas ocasiones la disposición de las compañías a financiar un supervisor independiente y específico para la industria del seguro. El proyecto de organismo que contempla el sector, según ha podido saber ABC, tendría un presupuesto anual de unos 28 millones.

Eso supondría duplicar los recursos económicos que el Gobierno, a través de los Presupuestos, le ha venido asignando en los últimos ejercicios, de unos 14 millones, y que en este 2016 se han elevado a 15,62 millones.

Las compañías de seguros proponen participar en la financiación del supervisor mediante una tasa al sector, como sucede en la mayoría de países europeos.

Para ello habría que crear una nueva tarifa o, en su defecto, usar alguno de los cargos que ya contempla actualmente la ley de Ordenación y Supervisión de Seguros, como las tasas por inscribir una sociedad, modificar datos del registro de la compañía y solicitar certificaciones para operar, entre otras.

Recursos humanos

El sector aspira a crear una Dirección General de Seguros comparable en dotación a los supervisores de otros países europeos con un tamaño de mercado similar al español. Y no solo en cuanto a recursos presupuestarios sino también humanos.

Actualmente el supervisor dirigido por Flavia Rodríguez-Ponga dispone de una plantilla de unos 195 profesionales, 179 de ellos funcionarios y 16 personal laboral. De ellos, 92 son inspectores.

El aumento de la plantilla es otra vieja reclamación del sector y en los últimos años, ante el gran cambio normativo que ha afrontado la industria, se ha intensificado.

Las compañías y el propio Cuerpo Superior de Inspectores de Seguros han exigido a Economía más medios humanos ante el mayor volumen de información a tratar que impone la regulación internacional Solvencia II, que entró en vigor el pasado enero. El gabinete dirigido por Luis de Guindos convocó una oferta de empleo público para aumentar el cuerpo de inspectores en 12 miembros, 8 nuevos y 4 por promoción interna.

Nuevos perfiles profesionales

La reivindicación sectorial no es solo una cuestión de número de efectivos sino también, y sobre todo, de perfiles. La Dgsfp cuenta básicamente con inspectores y administrativos, existiendo una brecha muy grande de categoría y funciones entre los primeros y los segundos.

Esa situación provoca en ocasiones que los inspectores, como ha denunciado su asociación profesional (Apise), tengan responsabilidades distintas a las de su nivel profesional. Las fuentes explican que es necesario dotar al organismo con profesionales intermedios entre una categoría y otra, como matemáticos, estadistas e informáticos.

Ese desequilibrio profesional, junto con la ausencia de perspectivas de mejora en la carrera profesional, ha provocado una fuga de inspectores hacia el sector privado.

Modelo de supervisión

Unespa y Apise han reclamado históricamente un supervisor fuerte, con los suficientes medios, pero autónomo. Esto es, que deje de depender del Ministerio, como sucede ahora. Así se lo ha exigido también a España el FMI en reiteradas ocasiones.

A principios de año el subgobernador del Banco de España, Fernando Restoy, planteó una reforma del modelo de supervisión por la que la Dgsfp desaparezca y sus funciones las asuma el supervisor bancario. Es el llamado modelo «twin peaks», con dos agencias, una que supervise la solvencia de bancos, aseguradoras y firmas de inversión, y otro la comercialización de productos y conductas de mercados.

El sector asegurador defendió entonces la autonomía funcional de la Dgsfp, negando cualquier injerencia política de Economía y recordando que ninguna aseguradora ha sido rescatada. Ahora bien, insiste en separarla orgánicamente del Ministerio para cumplir con los estándares europeos de independencia y asimilar el modelo nacional al de la UE, que cuenta con tres supervisores especializados: en bancos, mercados de valores y en seguros.