Las prestaciones deben ser las mismas para todos los españoles, según Báñez

El Consejo Económico y Social (CES), situado en la madrileña calle de Huertas, ha vuelto a reunir a la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, y a los secretarios generales de CC.OO. y de UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, respectivamente. En esta ocasión se trataba de una jornada sobre la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) emprendida por los sindicatos para exigir una prestación de ingresos mínimos. A la misma han asistido diversos miembros de las ejecutivas sindicales, de los grupos parlamentarios y del ministerio.

Fátima Báñez ha declarado que su departamento, en colaboración con los sindicatos, está ultimando un mapa de prestaciones en nuestro país. Ha subrayado que «son muchas y difieren, según los modelos autonómicos, en tiempo y cantidades» y aboga porque «todos los españoles tengan las mismas prestaciones, vivan donde vivan; no hay colores ni territorios».

En este sentido, el presidente del CES, Marcos Peña, dijo que «es imprescindible un consenso nacional sobre rentas mínimas porque la destrucción de empleo ha provocado un grave daño social»

Antes del inicio de esta jornada, Toxo y Méndez iniciaron la campaña de recogida de firmas a favor de esta ILP de prestación de servicios mínimos. Su propuesta cuenta con un plazo de nueve meses, ampliables, para recoger medio millón de firmas y presentar esta iniciativa ante el Congreso. La misma persigue garantizar una prestación mínima por desempleo de 426 euros para personas que no reciban ningún tipo de ayuda o que mantenga un nivel de renta inferior al Iprem (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples).

Los requisitos para percibir esta prestación serán tener entre 16 y 64 años y estar inscrito como demandantes de empleo. Además, esta ayuda será indefinida en el tiempo, mientras se mantenga la situación que dé lugar a ser beneficiario de la misma.

Esta prestación sería financiada vía Presupuestos del Estado, con una partida de 11.000 millones de euros, lo que equivale a un 1% del PIB español.