Adiós a los cursos de formación a distancia, un foco de fraudes

Alumnos vituales, cursos formativos que no existen, empresas fantasmas y millones de euros defraudados. La formación a distancia ha sido uno de los vehículos más habituales para defraudar a la Administración, un soporte responsable de escándalos por toda España, aunque muy especialmente en Andalucía (operación Edu). Pero que tiene ya los días contados. La reforma de la formación que el Ministerio de Empleo y los agentes sociales siguen negociando con la esperanza de alcanzar un acuerdo, pondrá punto y final a unas prácticas que durante años han escapado a todo tipo de controles y provocado ya una bateria de detenciones.

La nueva reforma sustituirá esta formación bonificada a distancia por la formación online, un modelo que estará totalmente controlado.

Cada alumno entrará en un sistema con una contraseña privada que graba su trazabilidad, es decir, que quedará constancia de la lección a la que ha accedido, cuándo, cuánto tiempo, qué examen ha hecho, en qué foro ha participado. La Administración, por su parte, podrá acceder desde la fecha inicial y analizar la trazabilidad de esos alumnos y generar informes de seguimiento de la formación, según explican las fuentes consultadas por ABC.

Evaluación permanente

El nuevo modelo que ha diseñado el Gobierno llevará aparejada la evaluación permanente de las acciones formativas, realizada auditorías a las empresas que imparten cursos de formación y hará públicos sus resultados, de forma que Administración, empresas y sindicatos dispongan de toda la información en un sistema que persigue ser más transparente. «Principio de tolerancia cero con el fraude en la gestión de los fondos de formación para el empleo», asegura el proyecto de real decreto

El departamento que dirige Fátima Báñez sigue negociando con los agentes sociales un nuevo modelo que, como ya informó este periódico, reserva para sindicatos y empresarios su participación en el diseño, planificación, programación y difusión de la formación a los trabajadores ocupados. Pero dejarán de formar parte de la gestión de los fondos y de la impartición de la formación, que se abre a concurrencia competitiva. Un nuevo papel que no gusta a empresarios y sindicatos y ha motivado que la norma aún no haya pasado por el Consejo de Ministros.

El presidente de la CEOE, Juan Rosell, exigió al Gobierno hace unas semanas que tenga en cuenta a las empresas y a los trabajadores en el nuevo sistema de formación, porque ellos saben «cuáles son las necesidades de los empleados» y, sobre todo, ponen la mayor parte de los fondos. Hay que recordar que son empresas y trabajadores los que financian estos fondos de formación con un 0,6 % y 0,1% de las cotizaciones sociales que pagan respectivamente. Esta aportación supera los 1.800 millones. La formación mueve más de 2.000 millones.