El expresidente de Bankia, Rodrigo Rato
El expresidente de Bankia, Rodrigo Rato - afp

Los peritos acusan a Bankia de no darles información y la entidad lo niega

Los expertos admitieron que se equivocaron al considerar como retribuciones irregulares un total de 4,2 millones de euros que recibieron diversos consejeros

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Los peritos del caso Bankia denunciaron ayer que la entidad no les ha aportado toda la información que necesitaban para realizar sus informes. En concreto, los dos expertos del Banco de España criticaron que no tuvieron acceso a la explicación detallada de diversos créditos que fueron reclasificados cuando llegó Goirigolzarri y que cuantificaron los ajustes de forma líneal –y no progresiva, al calor de la crisis económica que fue deteriorando los activos inmobiliarios- porque no tenían información suficiente para hacerlo de otra manera.

El tono subió en el segundo día del interrogatorio a los peritos, al tomar la voz el FROB –que está presente como perjudicado- y la defensa de BFA, la matriz de Bankia. El abogado del FROB, según fuentes jurídicas presentes en la sala

, insistió en por qué los peritos no solicitaron esos datos que ahora echan de menos. Ambos expertos criticaron que tardaron tanto en recibir respuesta que desistieron.

Al no contar con más información, alegaron los peritos, no pudieron desglosar los 13.244 millones en créditos que José Ignacio Goirigolzarri apuntó en la categoría subestándar (al corriente de pago pero en riesgo de ser morosos) en la reformulación de las cuentas. Los expertos explicaron en sus informes que dichos créditos debieron ser considerados en cambio como «dudosos por morosidad», por lo que Bankia debía haber ajustado 1.192 millones más.

Fuentes de Bankia han asegurado que la entidad entregó a los peritos «toda la información que solicitaron, que fue ingente». Lo único que no les aportaron es la justificación de por qué los créditos fueron reclasificados. Desde la entidad explican que «no hay una motivación individual» por la que se incrementara la provisión de cada préstamo, sino «una política general de reclasificación de determinadas carteras de crédito», una motivación que recibieron los expertos. Esta situación cumple, señala la entidad, con lo que exige el Banco de España.

En esta jornada los peritos sí reconocieron un error. Los expertos admitieron que se equivocaron al considerar como retribuciones irregulares un total de 4,2 millones de euros que recibieron diversos consejeros de Bankia. Esta confusión se produjo porque los peritos no tuvieron acceso al desglose mensual de estos salarios, sino a las cantidades globales, y dieron por hecho que hubo una «simultaneidad» de retribuciones que hubiera supuesto una violación de la ley de cajas de ahorros de la Comunidad de Madrid, explicaron otras fuentes.

En sus informes, Antonio Busquets y Victor Sánchez Noguera acusaron a los exdirectivos Rodrigo Rato, José Luis Olivas y Juan Manuel Fernández Norniella de «cobrar indebidamente» 1,478 millones de euros; y a un número de exconsejeros que no cita por retribuirse también de forma indebida otros 2,848 millones. Hoy, tras la insistencia de BFA en este punto, han considero que pudieron errar en este aspecto.

Por otro lado, también han explicado por qué no consideraron las provisiones genéricas de Bankia -una especie de reserva para los malos momentos- a la hora de señalar los ajustes que no se incluyeron –de forma indebida en su opinión- en las cuentas de 2010 y 2011, las que están puestas en entredicho.

Los dos expertos han argumentado, según fuentes jurídicas presentas en la sala, que esas provisiones ya habían sido utilizadas y que, aunque no hubiera sido así, no podían haberse destinado para esas partidas. Según han defendido ambos, la normativa solo permite dedicar las provisiones genéricas a dos conceptos: riesgos contingentes y deuda. No pueden cubrir, por ejemplo, los deterioro de activos.

También negaron que sus informes sean contradictorios en los ajustes que debió realizar la entidad y criticaron que no contabilizó los ajustes cuando debió hacerlo, ya que algunos eran conocidos desde 2009 y 2010. Cuando les puntualizaron que BFA tenía un plazo de un año para apuntar los ajustes, los dos expertos respondieron de forma tajante: «De ninguna manera, los ajustes hay que contabilizarlos cuando se tiene evidencia de que se producen».

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