Más de 24.000 funcionarios gaditanos esperan cobrar la extra perdida de 2012

El anuncio que ha hecho esta semana el ministro Cristóbal Montoro sobre la posibilidad de devolver la paga extra de 2012 a los funcionarios del Estado genera expectativas. En metálico y en varios plazos parece ser el modelo que ya estudia su departamento para restituir este bocado que le amargó la Navidad a 24.236 empleados públicos que dependen del Gobierno central en Cádiz.

Es en esta provincia donde se encuentra la plantilla más numerosa de todo el país por el enorme contingente de efectivos de las Fuerzas Armadas -11.878 en el año del 'tijeretazo' salarial, según el Boletín de Personal al Servicio de las Administraciones Públicas- y todos ellos recibirán ese pago si finalmente Hacienda aprueba el pago.

La extra de diciembre de 2012 fue suprimida por el decreto 'antidéficit' para ahorrar cerca de 1.000 millones a las arcas del Estado. Aquello se extendió por el resto de administraciones que tomaron la misma medida para conseguir liquidez, aunque en lo que toca a Cádiz, ninguna ha tomado la decisión de devolverla. Es más, los funcionarios de la Junta se encontraron un recorte al año siguiente ante las dificultades económicas. Será este año cuando la recuperen, pero el Ejecutivo de Susana Díaz no llega a plantearse la devolución.

Falsos mitos

El recorte eliminó dos falsos mitos en torno a los funcionarios, el primero, que cobraban elevados sueldos y el segundo, que eran intocables. El presidente del CSIF, el sindicato propio de este colectivo, Sebastián Alba, recalca que «la mayoría son mileuristas y muchos de ellos ni eso. Los grandes salarios son sólo para los altos cargos y esos son unos pocos». Su organización sindical calcula que la extra supuso una pérdida de entre 1.000 y 1.500 euros de media. «Y tal como se eliminó se tiene que devolver», advierte el portavoz provincial del CSIF, que destaca que «no vamos a consentir que se pretenda compensar en aportaciones al fondo de pensiones», como planteó en un principio el Ministerio de Hacienda.

En este tiempo, los empleados públicos han afrontado una importante pérdida del poder adquisitivo, tras el recorte del 5% aplicado en la primavera de 2011 y la eliminación de la paga extra. «Algunos han llegado a perder hasta 4.000 euros al año y eso en un salario medio se nota mucho», asegura el presidente provincial del sindicato CSIF.

Electoralista o no la medida, para este colectivo se abre una posibilidad de recuperar «una mínima parte» de lo perdido. El resto de trabajadores que dependen de otras administraciones públicas confían en que sigan el camino del Ejecutivo central, aunque la situación económica deja pocas opciones. Sólo de la Junta son más de 34.000 y otros 10.000 de ayuntamientos y la Universidad, que también se sumaron al recorte.