Artur Mas recupera el discurso ortodoxo sobre la consulta para calmar a Esquerra

Artur Mas se empleó ayer a fondo y recuperó el discurso soberanista más ortodoxo para tratar de desactivar, al menos hasta el otoño, la polémica sobre si la Generalitat acatará la legalidad y suspenderá la consulta secesionista del 9 de noviembre si así se lo ordena el Tribunal Constitucional o si, por el contrario, optará, como le reclama Esquerra, por la desobediencia y sacará las urnas a la calle.

Un debate que el presidente de la Generalitat considera innecesario y extemporáneo, aunque lo hayan sacado a relucir en agosto los propios miembros de su Gobierno, y que cree que solo ha servido para provocar el enfado de sus socios republicanos, que ya hablan de engaños y de posibles divorcios dentro del bloque independentista.

El líder de CiU aseguró que su gabinete está donde ha estado siempre, que no tiene más plan en mente que la celebración de un referéndum de autodeterminación en el segundo domingo de noviembre, y que, por lo tanto, nadie tiene de qué preocuparse porque no se separará un milímetro de la hoja de ruta pactada en diciembre pasado con su coalición, Esquerra, Iniciativa y las CUP.

Cumplirá, añadió, su compromiso. A finales de septiembre, una vez está aprobada la ley autonómica de consultas que lo posibilite, aprobará el decreto de convocatoria del referéndum, para la fecha pactada y con las preguntas prefijadas. Sobre el posible veto del Constitucional a la consulta se limitó a decir que «cuando lo veamos, reaccionaremos». Y, para evitar entre tanto más nervios entre los aliados, garantizó que la decisión que se tome será antes debatida con los cuatro partidos promotores del referéndum.

Artur Mas, en definitiva, intentó quitar hierro a la polémica, que describió como una tormenta en un vaso de agua, y que atribuyó a una serpiente de verano política sin más trascendencia. Sin embargo, se cuidó mucho de entrar a desmentir las palabras de su vicepresidenta, Joana Ortega, corroboradas por otros miembros de su Ejecutivo. Todos desvelaron que, llegado el momento, la Generalitat no tiene intención alguna de desafiar una probable suspensión de la consulta decretada por el Constitucional, lo que significaría su aplazamiento o la abocación de la comunidad autónoma a unas elecciones anticipadas y plebiscitarias, para que los catalanes puedan expresar su deseo de un estado propio.

Lo que sí hizo fue pedir a sus compañeros de Gobierno y de coalición que no toquen ya más el vidrioso tema en sus declaraciones públicas. Cree que desde ahora y hasta noviembre hay que dejarse de polémicas partidistas y concentrarse en que todos los que impulsan la consulta soberanista «vayamos lo más unidos posible».

Palabras a destiempo

Artur Mas no desmintió a Ortega, seguramente, porque, según confirmó ayer otro miembro de la Generalitat, el consejero de Agricultura, Josep María Pelegrí, lo que dijo la vicepresidenta es la verdad. Pelegrí, que atendió a Catalunya Radio antes de que el president pidiese discreción, comentó que «Ortega ha hecho unas declaraciones que compartimos todo el Gobierno catalán, por tanto no hay discrepancias». Por si no había quedado claro, añadió que «el presidente es quien ha ordenado esta orientación a la legalidad, y la vicepresidenta lo único que hace es ejecutar sus intenciones».

Mas nunca ha tenido en mente violar la legalidad si el Gobierno de Mariano Rajoy logra que el Constitucional suspenda y, posteriormente, anule la consulta del 9 de noviembre. Pero hasta ahora, cuando sus consejeros han aireado sus probables intenciones, se había cuidado de anticipar una decisión polémica, que puede acarrearle un crudo enfrentamiento político con su único socio parlamentario, Esquerra, y que no tenía por que desvelar hasta que fuese indispensable. Con CiU en sus horas más bajas por el escándalo Pujol y con un Rajoy que no hará concesiones, la única forma de escenificar la fuerza y unidad del soberanismo hasta la consulta es evitar cualquier aspecto que agriete la alianza.