El Gobierno pretende que la orden San Juan de Dios pague la repatriación

A la Orden de San Juan de Dios se le acumulan los problemas. Por una parte, el estado de salud de sus dos miembros españoles que permanecen ingresados en el madrileño hospital Carlos III; por otra parte, el estado de salud de los compañeros que todavía permanecen encerrados en un hospital liberiano: los guineanos George Combey y Eugene Osei-Wus, la congoleña Chantal Pascaline Mutwameme y la ecuatoguineana Paciencia Belgar. Los dos primeros han tenido la suerte de librarse de este virus mortal. Las segundas están viendo a la parca muy de cerca, encerradas y sin más atención que sus compañeros y amigos que se acercan a atenderlos eludiendo a los militares.

Pero además de esta preocupación por sus compañeros, a los miembros de la Orden de San Juan de Dios y Juan Ciudad ONGD les ha salido otro problema de índole económico: la repatriación de Miguel Pajares y Juliana Bonaha. El Gobierno de España ha corrido ya con todos los gastos y ahora tiene que hablar con los religiosos de dinero. «La Orden es quien ha solicitado la repatriación», recordó Mercedes Vinuesa. La directora general de Salud Pública no supo concretar mucho más, si los religiosos deberán pagar una parte o el montante total. «Esto (el pago de la repatriación) se gestiona de esta manera», arguyó la responsable sanitaria para intentar salir del paso sobre el impacto monetario de la medida. Eso sí, Vinuesa dejó claro que la factura del tratamiento sanitario correrá a cargo de la Comunidad de Madrid, aunque los responsables regionales declinaron hacer una valoración del tratamiento que van a recibir los dos religiosos españoles.

El cálculo más optimista señala que la factura del A310 fletado por el Ministerio de Defensa asciende a 30.000 euros. Ese sería el precio por mantener en el aire durante diez horas, más o menos. Es el tiempo que tardó el aparato de la Fuerza Aérea Española en ir de Madrid a Monrovia y volver. El avión consume unas cuatro toneladas de queroseno a la hora, es decir, que se gastó unos 40.000 kilos en el viaje que costaron 40.000 dólares. Al cambio, unos 30.000 euros; una cifra a la que habría que añadir las tasas aeropuertarias liberianas (aterrizaje, despegue, aparcamiento y mantenimiento) y el coste del personal sanitario desplazado para tal efecto. Una factura que el Ejecutivo debe cobrar, a no ser que «acuerde motivadamente lo contrario», como señala la orden sobre bases reguladoras de las ayudas de protección y asistencia consulares en el extranjero. En el caso de cobrar, sería la primera vez que un Ejecutivo español aplica a rajatabla la norma.

Quejas de la oposición

Una decisión que la orden no quiso comentar hasta tener todos los datos en su poder pero que la oposición tachó de improcedente. «De la improvisación al despropósito», aseveró Gaspar Llamazares en Twitter al saber los planes ministeriales. «Siendo un ciudadano español, el Estado tiene que ser el que se haga cargo, junto con la sanidad pública, del coste de repatriar a un ciudadano de nuestro país en unas condiciones difíciles y desde un país difícil», comentó Manuel de la Rocha, secretario de Economía del PSOE, que también aplaudió la decisión del Ejecutivo de traer a los dos religiosos.

Por su parte, Equo indicó que «al igual que el Estado cumple con la obligación de repatriar a un ciudadano español, ha de cumplir también con la responsabilidad internacional de contribuir a la lucha contra el ébola». «Las cosas no se hacen así», comentó por su parte Carlos Martínez Gorriarán. El diputado de UPyD también ha criticado la falta de transparencia y de comunicación por parte de los diferentes ministerios en esta logística.