ESPAÑA

La Generalitat acelera el plan de secesión unilateral antes de la reunión con Rajoy

El consejo asesor de Artur Mas asegura que una Cataluña independiente fuera del euro tendría «un coste inasumible»

BARCELONA. Actualizado: Guardar
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A menos de cuatro meses para la fecha de la consulta soberanista, los asesores de Artur Mas esbozaron ayer algunos de los aspectos básicos de la hipotética Cataluña independiente, cuyos habitantes, según han decidido estos expertos de forma unilateral, podrían tener una doble nacionalidad (española y catalana).

Según concluyen cuatro de los últimos informes (son una veintena) del Consejo Asesor para la Transición Nacional (CATN), después de la consulta o de las elecciones plebiscitarias, en caso de que gane el sí, el Parlamento autonómico aprobará una «declaración a favor de la creación de un nuevo estado». Esta resolución, a juicio del CATN, debería incluir un «ofrecimiento» a España para negociar el «proceso de separación» e instar al Gobierno catalán a buscar el reconocimiento internacional y a prepararse internamente constituyendo estructuras básicas, como la hacienda, la seguridad social o el poder judicial.

En ese proceso de negociación con el resto de España, los asesores de Mas consideran que la Cataluña independiente solo debería asumir parte de la actual deuda del Estado si el Gobierno central le compensara con una transferencia «proporcional» de bienes y derechos. El informe no concreta a cuánto ascendería el reparto, pero cree que los activos que están situados en su territorio pasarían directamente a formar parte del nuevo estado y que los bienes estatales que no están ubicados en Cataluña, como las reservas del Banco de España, cuentas corrientes, títulos de empresas públicas y privadas, así como el patrimonio histórico, artístico y nacional, e incluso los satélites o las bases militares, deberían repartirse en la misma proporción que la deuda.

Si España se negara a negociar la separación, los expertos que asesoran a Mas concluyen que la Generalitat debería acudir a la medición internacional y si no «proclamar unilateralmente la independencia». En ese momento, empezaría el proceso constituyente: elecciones, iniciativa constitucional y referéndum de ratificación.

En materia económica, el equipo de expertos señala que a la Cataluña independiente le convendría que el euro siguiera como «moneda de uso común», incluso en el caso de que quedaran fuera de la UE, porque de lo contrario tendría «costes muy difícilmente asumibles».

La Generalitat está acelerando en las últimas semanas su apuesta soberanista. El Parlamento catalán tiene ya perfilada la ley de consultas que Mas quiere usar como base legal para convocar el referéndum, el viernes celebra una nueva reunión del pacto por el derecho a decidir, la plataforma creada por el Gobierno catalán para implicar a la sociedad divil en el proceso, y además de los cuatro informes de hoy, en breve, prevé dar a conocer dos más. Mas, por tanto, mantiene inalterable su hoja de ruta pocos días antes de su encuentro con Mariano Rajoy.

El Ejecutivo catalán señaló que no hay novedades y que la cita aún no tiene fecha. El deseo del Ejecutivo autonómico es que la reunión sea lo más discreta posible, que Rajoy sea «sensible» con la voluntad de los catalanes de votar en un referéndum, o que al menos no ponga «palos en las ruedas», según palabras del portavoz Francesc Homs.

El Gobierno central, en cambio, prefiere un formato de reunión más transparente. Fuentes de Moncloa anticiparon que la cita será antes de agosto y que será casi seguro con luz y taquígrafos. La cuestión es que los barones autonómicos del PP temen un hipotético trato de favor a Mas y por esta razón presionan a Rajoy para que evite una opacidad que luego pueda dar pie a equívocos. Desde las filas del PP insistieron, en cualquier caso, en que la posición de Rajoy es firme y que la única solución pasa por que Mas dé marcha atrás y renuncie a la consulta del 9 de noviembre. El presidente de la Generalitat se mostró días atrás dispuesto a hablar de «todo» con Rajoy. Puede reclamar un nuevo modelo de financiación, que se paralice la ley Wert, así como demandas relacionadas con la gestión del puerto y el aeropuerto de Barcelona, pero la posibilidad de que aparque su proyecto se antoja casi imposible.

De ahí que de la reunión no se esperen novedades más allá del reestablecimiento del diálogo institucional que les reclama la UE, el mundo económico y una buena parte de la opinión pública.