El recorte en los Servicios Sociales agravará listas de espera de dos meses

Ayer fue día de guardar en cajas de cartón los objetos personales que una persona puede llegar a acumular en su puesto de trabajo durante más de diez años. Esta imagen se ha repetido en miles de ocasiones en un país con el segundo puesto europeo en número de parados y en esta provincia, a la cabeza de la estadística nacional con una tasa de desempleo que afecta a casi la mitad de su población activa. Los 24 trabajadores que hasta el lunes formaban parte de la plantilla de la Delegación municipal de Servicios Sociales se despidieron ayer de sus compañeros. Ya son nuevos números en el censo de parados, pero su salida también provoca que se debilite la atención al usuario, precisamente cuando más demanda hay.

El Colegio Profesional de Trabajo Social se ha sumado a las voces que advierten de las graves consecuencias que va a acarrear la no renovación de la cuarta parte de la plantilla adscrita a esa área municipal. Algunos de los afectados pertenecen a su gremio; si bien otros empleados ejercían funciones de administrativos o psicólogos. Califican la situación de «muy preocupante» y de «desmantelamiento progresivo del servicio». Algo que veían venir con la aprobación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. Al amparo de esta norma, que obliga a la contención del gasto y a que el presupuesto municipal no supla con sus recursos partidas procedentes de otras administraciones, el Ayuntamiento de Cádiz se agarra para justificar que los trabajadores, que dependen del Plan Concertado, no hayan sido renovados. Su argumento pasa por culpar a la Junta de no haber pagado la aportación que le corresponde; los afectados insisten que todos los años, la Administración regional paga tarde «pero siempre paga». La Junta, por su parte, afirma que el crédito para financiar la partida está aprobado pero a la espera de fiscalización. «Hacemos un llamamiento al acuerdo entre las distintas administraciones para garantizar el mantenimiento de un sistema que da cobertura a las necesidades fundamentales de la población», señala un comunicado del colegio.

Colapsados

La demanda de usuarios que solicitan ayudas para pagar la luz o el agua, acceder a un alquiler social o para poder contar con alimentos básicos se ha disparado como consecuencia de la crisis. Una realidad que están denunciando también desde organizaciones privadas como el Banco de Alimentos o vinculadas a la iglesia como Cáritas. Ese incremento de peticiones ha desembocado en el desbordamiento de los servicios sociales públicos. Y el recorte de personal sólo viene a complicar aún más una situación de «emergencia social». Según los datos recabados por el colegio: «Actualmente la espera que tienen que soportar los ciudadanos para ser atendidos puede llegar a los dos meses y algunas zonas han tenido que cerrar por periodos el libro de citas por no dar abasto». A esto se añade que al empeorar el servicio, los trabajadores son los que se enfrentan al descontento del usuario. «La atención se está desbordando y son los trabajadores sociales los receptores de la angustia de los ciudadanos y son además quienes tienen que dar cuentas de la tardanza en la atención».

Y en este contexto, los empleados que siguen en la delegación tienen que afrontar de forma inminente una tarea más: la implantación del decreto de inclusión aprobado por la Junta que conlleva el reparto de ayudas de distinta naturaleza: desde la contratación laboral hasta los suministros básicos. El colegio anticipa que en Cádiz este programa se va a implantar con muchas dificultades.

Precisamente hoy, la directora general de Servicios Sociales de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, Ana Conde, presentará a los alcaldes este decreto. Curiosamente la Junta envía a este alto cargo en plena crisis desatada por los recortes en los servicios de la capital.

En la Junta de Personal del Ayuntamiento también coinciden en que la no renovación de los trabajadores forma parte de una estrategia a medio plazo, que comenzó con la dimisión de Pilar Tubío -la anterior directora del área, que abandonó por injerencias políticas en la selección de la familias adjudicatarias de las viviendas de Matadero-. «Tras ella, dimitieron las jefas de centro; ahora se produce la salida de trabajadores. Están desmantelando este servicio. La política que entiende este Gobierno es la política de la caridad y no la de la atención integral al ciudadano», afirma el presidente de la Junta, Antonio Montoro.