Protesta de los extrabajadores de Delphi en la puerta de la factoría. :: A. V.
CÁDIZ

Una empresa de reciclaje industrial pone el ojo en la vieja factoría de Delphi

La compañía quiere ocupar una de las tres naves del complejo, además del centro que suministra la energía a las instalaciones, para abrir una planta de tratamiento de residuos

CÁDIZ. Actualizado: Guardar
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Los antiguos terrenos de Delphi, en el polígono del Trocadero de Puerto Real, han suscitado de nuevo el interés de un grupo inversor. En este caso se trata de una empresa dedicada al reciclaje industrial la que ha puesto su punto de mira en las viejas instalaciones con el ánimo de abrir una planta de tratamiento de residuos. LA VOZ ha podido saber que el proyecto está pilotado por un grupo de ingenieros y antiguos mandos de Delphi que ha mediado en este asunto para devolver la actividad al viejo complejo industrial.

Los detalles de la inversión no han trascendido aunque se sabe que la propuesta de los empresarios pasa por utilizar una de las tres naves de Delphi, concretamente la tercera, donde se fabricaban los amortiguadores, así como el centro de transformación de energía que suministra la electricidad a las instalaciones. La operación no es fácil. Los terrenos de Delphi se encuentran inmersos en un proceso concursal debido a la deuda a proveedores que dejó la multinacional cuando cerró la planta en febrero de 2007. Los acreedores, entre los que se encuentran la Tesorería de la Seguridad Social, reclaman el pago de unos 11 millones de euros y los terrenos son el único aval que han encontrado los administradores concursales y el juzgado de lo Mercantil para liquidar la deuda.

Esta situación dificulta, una vez más, cualquier actuación sobre el suelo de Delphi. Cabe recordar que en septiembre de 2012 la empresa asiática de capital norteamericano Beijing West Industrias (BWI Co.) desplegó sus redes en la Bahía de Cádiz para abrir en los terrenos de Delphi una línea de producción de componentes para el automóvil. Las negociaciones con la Junta de Andalucía fueron largas y duras. La Administración regional brindó todo tipo de ayudas y exenciones fiscales para favorecer la llegada de esta compañía, sin embargo, uno de los problemas insalvables que encontraron en el camino fue el de los costes laborales. La multinacional quería nóminas por debajo del salario mínimo interprofesional y en caso de que se pactara un sueldo superior sería la Junta la encargada de abonar la diferencia. Esta iniciativa fue rechazada de pleno por los agentes sociales y se buscaron otras fórmulas para poder llegar a un acuerdo satisfactorio. Sin embargo, el tema salarial pasó a un segundo plano cuando se abordó la ocupación de los terrenos. El proceso concursal en el que se encuentran adscritos tiró por tierra cualquier posibilidad de desarrollo si antes no se liquidaba la deuda a los acreedores. Los inversores asiáticos dieron marcha atrás a su oferta a finales de octubre de 2012.

Buena parte del colectivo exdelphi no sabe aún nada de que existe en estos momentos una segunda oportunidad de inversión sobre los terrenos. La negociación se ha llevado a cabo con absoluta discreción por parte de los mediadores y no se ha dado participación, por ahora, a ninguna administración pública hasta tener algo más avanzados los contactos con los administradores concursales. Todo apunta a que las partes implicadas están buscando una fórmula legal que permita la implantación en los terrenos a través de un contrato de arrendamiento, que podría incluir parte del pago de la deuda.

La demolición sigue en pie

Por tanto, esta posible inversión en los terrenos de Delphi para abrir una planta de reciclaje industrial no anula la otra opción que persiguen desde hace meses sus administradores concursales: la demolición del complejo. De hecho, los auditores ya han seleccionado una de las cinco ofertas presentadas para derribar las viejas instalaciones. La administración concursal quiere reducir los costes de mantenimiento de la factoría, cerrada desde 2007. Su derribo rebajaría el recibo anual del IBI, eliminaría los gastos del servicio de vigilancia y permitiría vender a la chatarra todo el hierro y el cobre que se obtendría con su demolición.