El Colegio Médico pide respeto a la presunción de inocencia en el caso de los certificados

El Colegio de Médicos de Cádiz solicitó ayer que prevalezca la presunción de inocencia en el supuesto fraude masivo de los certificados de defunciones que investiga la Guardia Civil en el Campo de Gibraltar. Hasta el momento han sido llamados a declarar en la Comandancia a 84 médicos que trabajan en los hospitales de La Línea y Punta Europa y en varios centros de salud del mismo distrito sanitario, por cobrar, supuestamente, entre 25 y 50 euros a cambio de realizar trámites que no tienen tasa y deben ser gratuitos.

En un comunicado, el órgano colegial recordó que «a día de hoy las diligencias continúan abiertas» y dijo que mantiene todo el respeto a la labor de las fuerzas de seguridad hasta conocer sus conclusiones finales. Sin embargo, quiso solicitar a la ciudadanía que «no prejuzgue ninguna de las actividades que se investigan» y que «hasta que exista, en su caso, sentencia judicial firme, estos médicos sean considerados inocentes y sean tratados como tales a todos los niveles».

El Colegio de Médicos está ofreciendo asistencia jurídica a los colegiados que así lo solicitan, «de forma que cuenten con el asesoramiento y se observen todas las garantías que en su declaración les corresponden por ley». Por último, considera oportuno recordar e insistir en «la gran labor asistencial que estos médicos vienen desarrollando en sus respectivos puestos de trabajo», así como «la importante y positiva repercusión social de su actividad profesional durante años, por lo que reclama respeto hacia todos ellos y hacia su labor al servicio de los ciudadanos».

Fraude económico

En lo que respecta a la investigación, fuentes de la Comandancia de la Guardia Civil en Algeciras aseguraron ayer que «la labor de los agentes continúa, pero está a punto de finalizar y será entonces cuando se conozca el alcance económico del fraude». Los médicos que han sido interrogados por la Benemérita se encuentran en libertad y están acusados de cohecho por cobrar supuestamente y hasta alterar datos de las defunciones que certificaban.

El SAS ya ha abierto una investigación interna en todos los centros en los que trabajaban los facultativos y tiene previsto expedientar a aquellos que hayan cometido delito. Al parecer, la administración tuvo conocimiento de este hecho tras la denuncia de una funeraria que habría advertido de esta remuneración ilegal y lo puso en conocimiento de las autoridades.