El equipo de Gobierno recrimina al PSOE su «ignorancia» en materia de vivienda

La teniente de alcaldesa, delegada del Área de Familia, del Ayuntamiento de Cádiz fue ayer tajante al afirmar que el equipo de gobierno municipal no está dispuesto a recibir lecciones de nadie. Esta afirmación viene a colación de una propuesta que el grupo socialista va a presentar al próximo Pleno del 28 de abril, en la que se insta al Ayuntamiento a poner en marcha «una oficina de intermediación hipotecaria para defender a las familias con problemas relacionados con impagos o posibles desahucios».

Esto, según Colombo, no es más que un «copia y pega» de la iniciativa que la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, presentó en septiembre de 2012 para su puesta en marcha en las delegaciones de las ocho capitales de provincia andaluzas.

La iniciativa propone un convenio entre el Ayuntamiento y el Colegio de Abogados, lo mismo que en su día firmó la Junta con estos profesionales en toda Andalucía. Además, el equipo de gobierno explica que el Ayuntamiento de Cádiz ya ofrece este servicio de asesoramiento a todo el que requiere de ayuda en materia de vivienda a través del Servicio Integral de Atención Municipal al Inquilino (Siami), en las oficinas de Procasa, que desde el año 2006 ha prestado asistencia jurídica a 1.514 personas.

Con esta base, la concejala popular se ha quejado de que «la falta de memoria y el desconocimiento del PSOE en materia de vivienda no tiene fin. No sabemos si es por desconocimiento o por falta de responsabilidad, pero es realmente preocupante que la labor de oposición en esta ciudad esté en manos de un portavoz -en referencia a Fran González- que demuestra en cada intervención el desconocimiento de su ciudad y de las funciones de su partido en la Junta de Andalucía. Cádiz no se merece esta oposición».

Colombo puso igualmente de manifiesto el gran esfuerzo que hace el Ayuntamiento de Cádiz para atender a las familias con necesidades de vivienda. Según comentó, la ciudad invierte más de 1,5 millones de euros al año en ayudas para el pago de alquileres e hipotecas, además de invertir 600.000 euros anuales en el pago de recibos de luz y agua.

Esta cifra no es fija. De hecho, en lo que va de año la cuantía destinada a evitar los cortes de suministros básicos ya han aumentado en un 30% respecto al mismo periodo del año anterior. «Y todo esto a pesar de que las competencias son de la Junta de Andalucía», concluyó.