¿Quiere ser millonario?

Las estafas financieras, también las administrativas, suelen resultar de difícil digestión. Además de la repulsión que produce que el dinero de miles de ciudadanos pueda acabar en los bolsillos de unos pocos, además de pervertir su teórico destino, suelen resultar de comprensión compleja para un civil medio, con escasos conocimientos técnicos.

Cuando a los investigadores se les piden las claves para explicar el ‘caso Edu’ por el que se podrían haber perdido hasta 2.000 millones de euros en ayudas para cursos a desempleados, las resumen en dos. Con un claro afán didáctico y simplificador, uno de los coordinadores del dispositivo afirma que «parece evidente que la normativa estaba mal hecha, era un coladero. Como segundo brazo fundamental, no se hizo el seguimiento que toda subvención precisa, fue nulo».

Los casos que han encontrado los funcionarios (de Fiscalía Anticorrupción, Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Policía Nacional o Seguridad Social) son tan llamativos que confirman ambas premisas e, incluso, dejan abierta la posibilidad de que existan responsabilidades en ambas claves de la trama: que la normativa fuera creada de forma perniciosa para las arcas públicas de forma intencionada y que la falta de seguimiento pueda acarrear responsabilidades, siquiera administrativas, para los estamentos de la Junta de Andalucía encargados de desarrollarlo.

Por orden cronológico, para explicar cómo se podría desviar el dinero destinado a aliviar el desempleo en Andalucía, los investigadores se remontan al 23 de octubre de 2009. En esa fecha se aprueba la normativa que regula la aplicación de las ayudas del programa 32D. Ahí está el origen. Según todos los participantes en la investigación consultados, «la normativa es una chapuza» e incluso se mantiene abierta la posibilidad de intentar demostrar si fue creada ‘ad hoc’ para que alguien con información suficiente pudiera aprovechar sus huecos. Es el caso de presuntos ‘conseguidores’, intermediarios expertos en las claves de este tipo de subvenciones para conseguir una sorprendente cantidad de dinero de estos fondos de forma lícita o ilícita, regular o no. Son los impulsores de fundaciones para la formación de desempleados que aprovecharían su presunta condición de entidades sin ánimo de lucro y un régimen fiscal diferenciado para volverse opacas ante los sistemas de vigilancia de la Administración central (Seguridad Social, principalmente).

Anticorrupción investiga, al menos, a cinco grandes acaparadores de subvenciones. Habrían sido los que, además de las fundaciones, contactaban con academias e incluso pequeñas empresas para ponerles al tanto de la posibilidad de pedir ayudas, que se repartirían sin que llegaran a crear puestos de trabajo ni a los desempleados. Esas ayudas (de entre 20.000 y 200.000 euros la gran mayoría de las concedidas en la provincia aunque con casos de varios millones) se obtenían simplemente con burocracia y con el compromiso de poner en marcha un curso de formación para personas registradas en el paro.

El empresario que las obtenía (un montante inicial que debía completarse al comprobarse su buen uso, algo que no se hacía) adquiría el acuerdo de contratar, como mínimo, al 60% de los parados que acudían a esos cursos, al menos con media jornada y durante medio año. La investigación asegura que el 90% de los casos no ha cumplido todos estos requisitos. Bien los cursos no se celebraban, bien quedaban en una charla, la firma de un parte de asistencia o el envío de un enlace de internet para que el alumno, como mucho, lo abriera. Otro gran bloque de empresas, fundaciones e instituciones habría realizado los cursos con más o menos rigor pero nunca contrató a nadie, finalidad básica del dinero que se les daba, «se trataba de repartir esos fondos con gente a la que se daba de alta, ésa era la finalidad social teórica». Sin embargo, no se daba. Como ejemplos más chocantes, se han encontrado negocios en varios puntos de Andalucía que han recibido ayudas para emplear a parados, para pagar cotizaciones, y –según ha demostrado el rastreo administrativo– no han llegado a tener personal contratado en los últimos años. Ni se molestaban en disimular. Los dependientes o empleados tenían régimen de autónomos, se pagaban su propia cobertura social y sanitaria.

Anticorrupción investiga también casos más graves que esos posibles episodios, por centenares, de picaresca particular o de irregularidades privadas orientadas por asesores bien informados. Serían los correspondientes a la captación masiva de ayudas a través de «empresas fantasma que se creaban a tal efecto y se hacían desaparecer en cuestión de horas, de días». Incluso existe el caso de varias que han recibido miles de euros para la contratación sin que le consten trabajadores ni antes ni de después de pedirlos y obtenerlos.

Todos estos episodios dan peso fundamental a la segunda parte de la trama: la falta de control administrativo de la Junta de Andalucía. Tanto el Ministerio Público y la Policía Nacional como la Seguridad Social, denunciante inicial, no encuentran explicaciones a que todas las comprobaciones que han destapado los casos no se hubieran hecho antes por parte de estamentos autonómicos, responsables de la orden que regula la concesión de las ayudas que habrían circulado sin ninguna garantía de cumplimiento de las contrataciones y la cotizaciones desde 2009 hasta 2012.

La Fiscalía trata de demostrar que todos estos requisitos fueron incumplidos para ordenar ahora los casos tanto por presunta intencionalidad como por cuantía de lo desviado. Algunos de los episodios pueden quedar en una falta administrativa, mientras que otros serán considerados fraude y, los más graves, estafa.